Anualmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) entrega su Informe Global sobre Brechas de Género que ubica a 142 países en un ránking según la disparidad de género que presenten. De manera específica, mide aspectos específicos vinculados a educación, salud, empoderamiento político y participación económica. En general, los primeros lugares han sido tradicionalmente ocupados por sociedades del norte de Europa – como Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca – y los últimos lugares ocupados por países árabes.
Hace una semana, el FMI dio a conocer el Informe 2014, en el que se repitieron las tendencias generales entre los países mejor y peor evaluados. En el caso de Chile, mejoró su lugar en el ranking y alcanzó el puesto 66.
Si bien significó una mejora de 25 lugares, continúa estando en una situación inferior a Ecuador, el primero de América Latina, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica, Colombia y Bolivia. Cuando se observa las áreas específicas de educación, salud y empoderamiento político, éstas permiten ubicar a nuestro país en el lugar 30, pero cuando se alude a la participación económica, Chile decae al puesto 119.
Uno de los aspectos analizados es la baja participación femenina en Chile dentro de la fuerza de trabajo (55%) en comparación a la masculina que alcanza un porcentaje de inserción mayor (79%), así también el ingreso estimado y el salario por igual trabajo.
Es menester para el Estado incorporar a más mujeres especialmente de quintiles inferiores, porque esto redundaría en una mejora en la distribución del ingreso en los hogares y contribuiría a la reducción de la pobreza.También debiera ser un tema relevante para contar con un régimen democrático que brinde las mejores condiciones para el pleno desarrollo de las potencialidades de las personas y, en este caso, de las mujeres.
El Comité de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación (CEDAW) recomendó al Estado chileno (2012) esforzarse más para ayudar a mujeres y hombres a encontrar un equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales, entre otras cosas, a través de iniciativos de sensibilización y educación para mujeres y hombres sobre el reparto adecuado de atención de los niños y las tareas domésticas.
Y si bien ha habido políticas públicas que buscan estimular la mayor inclusión de las mujeres a la fuerza laboral remunerada, esto no ha ocurrido a la par con estimular la inclusión de los varones en los ámbitos domésticos.
También se requiere avanzar hacia políticas públicas de corresponsabilidad, que no sólo involucren a las mujeres, sino también a los varones, empleadores y Estado. Al involucrarse otros actores se plantea que las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas y de personas dependientes es de responsabilidad familiar, y no necesariamente de las mujeres. Y si bien las mujeres son necesarias en la gestación, el parto e incluso la lactancia, en el resto de las tareas del cuidado resultan no ser imprescindibles y por tanto, constituyen actividades que pudieran ser perfectamente realizadas por otros actores.
Por el contrario, culturalmente se construyó un concepto de maternidad ligado a la identidad femenina que parte de lo biológico y que se extendió a una maternidad social. Es decir, son las mujeres las que deben hacerse cargo de estas tareas de forma natural, sin casi cuestionamiento, con la justificación del amor y la abnegación, casi bordeando la santidad.
Respecto al peso de las tareas domésticas, una Encuesta de tipo exploratoria realizada en el Gran Santiago (INE, 2009) reveló que 4 de 5 mujeres las que a diario realizan este tipo de actividades y sólo 2 de 5 en el caso de los hombres. Mientras las mujeres mayores de 12 años destinan 4:24 horas al trabajo remunerado, los hombres declaran trabajar 2:40 diarias.
Esta sobrecarga de trabajo que viven las mujeres en el mundo no sólo dificulta su acceso a la fuerza laboral; además pudiera tener relación con la mayor prevalencia que presentan de problemas de salud y factores de riesgo como sedentarismo, obesidad, estrés, insomnio y menor tiempo para descanso y recreación.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud (2009-2010), la prevalencia de síntomas depresivos en mujeres (26%) triplica al de hombres (9%) y ha sido diagnosticada a partir de los 15 años también 3 veces más que los varones.
En tanto,la estructura del trabajo sigue diseñada para empleados varones, de familias fundamentalmente con una sola fuente de ingresos y en que los horarios que exige esta estructura hacen incompatible el cuidado de personas, sean éstos menores, adultos mayores u otros dependientes.
En ese sentido, existiría mayor disposición de nuestro Estado de seguir incorporando políticas que faciliten la inserción de mujeres a través de aumentar la cobertura de salas cunas, pero no en cuanto a quitar el peso de la doble o triple jornada de trabajo.
Existen también algunas propuestas para enfrentar esto a través de mayor flexibilización laboral para mujeres (y también a jóvenes), lo que no redundaría en una transformación social de los roles asignados y jerarquizados según sexo. Por el contrario, los reforzaría y generaría una mayor precariedad laboral.
Si el Estado quiere avanzar en estas materias debe incorporar políticas de corresponsabilidad e intervenir en aspectos educacionales a través de campañas de difusión social y sensibilización de manera de revertir la socialización de niños y niñas respecto a los roles asignados según sexo.