Frente a las críticas que han surgido y la desinformación de gran parte de la sociedad, es importante relevar los ejes centrales y ciertos puntos críticos del Proyecto de Reforma Tributaria, hoy en trámite en el Congreso. La primera idea que se debe tener en mente cuando pensamos en esta reforma, es que ella, si bien tiene por objetivo recaudar los recursos necesarios para financiar los bienes públicos a los que apunta el programa de la Presidenta Bachelet, como educación y salud, también busca mejorar el balance fiscal y la distribución del ingreso.
Pero, como toda iniciativa, no se libra de la lógica “defensores-detractores”. Como lo supone el proyecto, serán las grandes empresas quienes aportarán el grueso de los recursos provenientes de la reforma tributaria. Ello explica la resistencia que ha generado en algunos sectores económicos, acostumbrados a rentabilidades de capital mayores a las que se dan en un medio realmente competitivo.
Por ello, postulamos que los efectos que se puedan experimentar en el ahorro, crecimiento económico o sobre el empleo y la clase media, han sido completamente magnificados en el grueso de la prensa, por lo que se requiere realizar un debate serio sobre el tema.
La experiencia de Chile en materia de reformas tributarias, o aumento de impuestos, viene desde el retorno a la democracia, a comienzos de los años noventa y luego en 2010 y 2011 a causa del terremoto. En ambos casos no se afectó de manera importante al crecimiento ni a las actividades que aumentaron sus gravámenes, como la minería, razones que nos impulsan a exponer–a grandes rasgos- el escenario que justifica esta reforma, en función de su objetivo central.
Consideraciones generales
Para iniciar el análisis, es necesario poner en contexto la estructura y características del Estado de Chile -su tamaño y nivel de gasto público-, que explican la necesidad de la reforma. En términos conceptuales, el financiamiento del gasto público se realiza por tres vías: emisión de dinero del Banco Central, endeudamiento interno y/o externo, y a través de los impuestos.
Así, es necesario destacar que la propuesta presentada por el Gobierno, obedece a una máxima clave de la responsabilidad fiscal y macroeconómica: contar con un financiamiento permanente para gastos públicos también permanentes, sin recurrir al mayor endeudamiento público, lo que incrementaría el costo interno y externo del financiamiento de la inversión.
Se mantiene así, la regla de estabilidad fiscal y se apunta a un mejor balance fiscal desde el actual déficit estructural de 1%. Adicionalmente, hay que destacar que es una reforma que se aplicará gradualmente, lo que debiera estimular el adelanto de la inversión en el corto plazo.
Antecedentes
Al hacer un diagnóstico de la situación actual de Chile, saltan a la vista realidades que requieren atención urgente y preferente para asegurar el desarrollo del país, pero no sólo en términos de crecimiento, sino también con sustentabilidad social, cultural, así como estabilidad del sistema democrático.
El escenario que justifica la necesidad de reformar el sistema tributario chileno está compuesto de varios elementos.
Un capital social menguado que afecta la confianza y al dinamismo de la economía.
La demanda de más y mejores bienes públicos.
La concentración del poder económico y la distribución del ingreso. Chile es un país muy desigual en el ingreso, en el patrimonio y en el acceso a la cultura y la educación de calidad.
Según la OCDE, es el país con la mayor desigualdad de ingresos entre todas las naciones que la conforman.
Atendiendo a esta realidad, la reforma tributaria se fijó los siguientes objetivos: incrementar en forma permanente la provisión de bienes públicos, especialmente en educación y salud; corregir la distribución del ingreso y lograr un mejor balance fiscal.
Existe consenso de que, en régimen, se requiere de ingresos fiscales adicionales permanentes en torno a 3 puntos del PIB (entre US$ 8,5 mil millones y US$ 9 mil millones). Este es un punto central de la reforma tributaria.
Objeciones y aclaraciones
Las objeciones o reparos a la reforma tributaria deben justificarse y, además, ir acompañados de mecanismos tributarios alternativos a los propuestos por la reforma y que generen permanentemente los recursos fiscales requeridos. Dichos mecanismos deben ser principal y significativamente tributarios, y no meramente basados en mayores ritmos de crecimiento del PIB, aparte de los mayores controles sobre la evasión o del cierre de las vías de elusión, ya contemplados en el proyecto.
Es efectivo que, en ausencia de otras medidas y, todo lo demás constante, la reforma tributaria, en el corto plazo, lleva a una menor rentabilidad del capital después de impuestos.
Sin embargo, este efecto debiera aminorarse a lo largo del tiempo en la medida que las reformas a la educación, otras políticas sociales y a la Constitución lleven, de un lado, a una mayor calificación y productividad del empleo y, de otro lado, a una sociedad más inclusiva, integrada, participativa y con menores grados de desconfianza.
Otros factores favorables para el crecimiento
Con relación al crecimiento económico, desde fines del año pasado el tipo de cambio real ha vuelto a tener un valor razonable desde un punto de vista macroeconómico y, con base en la evolución esperada de las tasas de interés internacionales y de los precios de las materias primas, se espera que eso continúe así por un buen tiempo.
Adicionalmente, ante la eventualidad de un menor ahorro interno, producto de la reforma tributaria, el tipo de cambio real -actual y esperado- permitiría recurrir con menor vulnerabilidad a un mayor ahorro externo.
De otro lado, noticias positivas provenientes del ministerio de Energía, debieran significar un cambio favorable para la inversión, la actividad productiva y la competitividad de la economía chilena, en términos de asegurar la mayor disponibilidad, a un costo menor que el actual, de fuentes energéticas diversas y amigables con el medioambiente y con las comunidades donde estén insertas.
También cabe esperar que se dinamicen las obras de infraestructura dependientes directa e indirectamente del ministerio de Obras Públicas, lo que contribuirá a reducir costos de producción y aumentar la competitividad de nuestra economía.
Por último, los dueños de las grandes empresas, que son los principales afectados por la reforma tributaria, han estado acostumbrados, por más de 30 años, a rentabilidades sobre el capital mayores a las correspondientes a un entorno verdaderamente competitivo, lo que explica en buena medida la extremada concentración económica y la desigualdad. La reforma tributaria contribuirá a normalizar dicha situación.
Reflexión final
En síntesis, lo esencial de la discusión en torno a la reforma tributaria no debe perder de vista que la mayor recaudación de ingresos fiscales, que en régimen debe ser en torno a 3% del PIB, es condición necesaria para que tengamos un país más equitativo, inclusivo, participativo y moderno.
Por cierto, se requiere, además, lo que es un muy importante desafío para el Estado, que el uso de dicha recaudación provea oportuna y eficientemente los bienes públicos demandados de calidad.
Sin embargo, si no se logra obtener el financiamiento fiscal proyectado, será imposible -en un plazo razonable y en un entorno de mayor amistad cívica y menor conflictividad social‐ avanzar hacia el país que la mayoría de la ciudadanía desea.