Hace un poco más de dos semanas el nuevo gobierno presentó al país la ruta que expone los desafíos en materia energética a seguir en un mediano plazo.
No obstante lo anterior dentro del acápite de dicha ruta referida a la participación ciudadana y ordenamiento territorial hubiese sido interesante que se abordara lo relacionado al incentivo de la creación de cooperativas energéticas sobretodo en lugares donde se concentran los mayores niveles de desempleo y vulnerabilidad de nuestro centralizado Chile, donde el costo de la energía significa un grave problema de presupuesto familiar aun cuando en dichos lugares existen fuentes de generación de energía limpias y renovables.
Los altos costos de la electricidad que sin duda generan descontento en la población hacen viable la posibilidad real de que los ciudadanos se organicen y dejen de ser clientes de las grandes empresas eléctricas generadoras y transmisoras de energía y aspiren a ser parte como socios de cooperativas energéticas, de tal modo de cambiar el actual modelo energético existente por uno más limpio, incluyente en la toma de decisiones y por cierto descentralizado, que tenga como objetivo primordial comercializar la electricidad en forma más equitativa y 100% renovable en donde se gestiones en forma más autónoma y transparente la factura de pago del consumidor y se garantice el origen limpio y renovable el suministro.
En países desarrollados como Alemania y en otros miembros de la OECD esta alternativa ha dado buenos y eficientes resultados, en virtud de que las políticas energéticas y medioambientales a nivel gubernamental incentivan a la llamada democratización de la energía en donde se apunta directamente a que los consumidores generen su propia energía estrictamente necesaria que consumen y recuperen el control sobre un bien básico como lo es la energía y que en nuestro país aún es un bien manejado extremadamente en forma centralizada, desigual, excluyente, contaminante y con altos costos.
Es por ello que el actual gobierno que pretende dejar su sello ciudadano tiene las herramientas suficientes para incentivar la creación de cooperativas energéticas donde participen socios que tienen una conciencia sobre el uso eficiente de la energía y el cuidado del medio ambiente.
De tal modo que las políticas públicas en estas temáticas sean generadas a través de una óptima participación ciudadana y se reivindique un consumo energético limpio a través de la producción y comercialización de la energía no exclusivamente a través de holdings con grandes oficinas y suculentos sueldos de sus directorios que suben los precios de la electricidad entregando un servicio muy lejos de ser realmente sustentable afectando de sobremanera a la población que está por bajo a la tan vilipendiada cota 1000.