La Presidenta Michelle Bachelet en su Mensaje Presidencial abordó entre otras materias una de capital importancia para el desarrollo de Chile, como lo es la gestión sustentable y sostenible de nuestros recursos hídricos. En efecto, propuso reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas.
Es dable reconocer que la Presidenta ha dado en el clavo.
El agua es esencial para la vida humana; sin beberla, no podemos vivir más de cuatro días. Aún cuando, en teoría, existe suficiente agua en el mundo para satisfacer nuestras necesidades, ésta se encuentra desigualmente distribuida. Canadá supera en casi un millón de veces la disponibilidad hídrica de Kuwait.
Las cifras del agua en el norte de Chile distan mucho de la disponibilidad de agua en el sur. Igualmente, existe desigualdad cuando todavía hay personas sin acceso al agua potable.
Por otra parte, un mal acceso al agua amenaza con enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y muertes asociadas y su escasez, producto del cambio climático, pone en riesgo a industrias que requieren del elemento para producir, como lo son la minería y la agricultura. Lo anterior, agravado por el hecho de la sobreexplotación de las cuencas y el mal uso de los derechos de agua.
De ahí la importancia de lo anunciado por la Presidenta, en el sentido de introducir reformas al Código de Aguas – considerado como uno de los más liberales del mundo-, el cual permite la concesión de derechos de aprovechamiento de agua a privados quienes lo suman como parte de su patrimonio, con la posibilidad de venderla, arrendarla, heredarla o rematarla.
A diferencia de las legislaciones internacionales, en Chile el derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real, perpetuo, con atributos semejantes al dominio, permitiendo a su titular realizar todo acto de disposición, incluso botar el agua si así lo quisiese.
Cualquier persona en Chile puede solicitar derechos de agua sobre la base de razones poco transparentes –como la especulación– y convivir con aquellas solicitudes serias para desarrollar una actividad productiva y trascendental para el desarrollo del país, como lo son la minería y la agricultura.
Es hora de terminar con este “mercado imperfecto”, que sigue dando pie a burbujas especulativas y a una baja gobernanza –especialmente de parte de las comunidades de agua–, que requiere una regulación a la altura de su vital importancia.
No es comprensible que aun se carezca de información suficiente sobre la inscripción de los derechos de aprovechamiento, que persistan errores de inscripción y de actualización –siguen existiendo inscripciones a nombre de personas fallecidas–, lo que crea un clima de incertidumbre y que subsista la concentración en pocas manos.
La Presidenta Bachelet se ha propuesto hacer realidad que el agua sea un “Bien Nacional de Uso Público”. Nos ha invitado a plantearnos cómo somos capaces de perfeccionar el mercado del agua y no cabe duda que, ahora es cuando debemos volcar nuestras ideas a este gran propósito, ya sea creando “bolsas electrónicas” de agua, introduciendo mayores niveles de eficiencia, por la vía de nuevas tecnologías de reutilización del agua, el tratamiento de agua salobre –brackish water–, o elevando los niveles de inversión en investigación sobre eficiencia hídrica y exploración de aguas subterráneas.
Ha llegado el minuto de revisar nuestra legislación, de alcanzar mayores grados de certeza jurídica, y de establecer un marco regulatorio que nos permita estar a la altura de los desafíos que nos depara el futuro, los cuales respecto del agua, están muy cerca.