Para nadie es un misterio que las ERNC (Energías Renovables No Convencionales) contribuyen al desarrollo, al crecimiento y fortalecimiento de la economía, la salud pública y a la conservación de recursos de un país, entre otros beneficios, en comparación con las energías convencionales.
Sin embargo, para nuestro país que ostenta el grado de pertenecer al selecto grupo de países miembros de la OECD desarrollar “en profundis” las energías limpias y renovables aún es un tema que es considerado pendiente, ya que al parecer faltan tareas fundamentales que abordar y que dependen directamente del rol que cumpla el Estado, transformándose en garante de crecimiento sustentable que tenga como “leit motiv”marcar un liderazgo estratégico en el desarrollo del sector eléctrico y defina una política estratégica que involucre directamente a todos los actores de la sociedad civil y logre así incrementar en forma ascendente la inserción de las ERNC a la matriz energética nacional.
No obstante lo anterior los esfuerzos deben apuntar primordialmente a democratizar y descentralizar el sector eléctrico, permitiendo que el acceso a la energía sea un bien público y no un privilegio de pocos sobre todo con los altos costos de la energía que el consumidor debe pagar actualmente en contraposición con los costos asociados que pagan las empresas consumidoras de grandes cantidades de energía eléctrica
Por otra parte, se deben generar las instancias de una participación ciudadana y vinculante que tenga la legitimidad y oportunidad de discutir los temas de las políticas públicas que emerjan en materia energética y medioambiental que deriven directamente en el cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de la energía.
Las actuales políticas públicas existentes en materia energética no pueden ser presentadas como un tema político más, ni tratarse bajo cuatro paredes y con actores seleccionados, sino que deben sociabilizarse en pos de que la verdadera transición y transformación energética opere bajo los principios de la responsabilidad social y ambiental, logrando equidad y eficiencia en la distribución de los costos asociados.
Es fundamental que nuestro país en un mediano plazo sea capaz de sobrellevar una soberanía energética sustentable amparada con una ciudadanía empoderada que se sienta incluida y vinculada con el poder decisional del crecimiento de Chile.