El discurso del 21 de mayo de cada año emitido por el Presidente de la República no solo es un acto republicano, sino que es la respuesta que esperan los chilenos sobre las distintas temáticas y políticas púbicas implementadas o a implementar que traerán beneficio colectivo a futuro y que ilusionadamente mejorará sus vidas.
Si bien es cierto el discurso recientemente emitido dio importantes noticias en cuanto a crecimiento, en materia energética solo fueron anuncios breves y débiles y nada concreto, ya que a mi entender un tema tan importante para el desarrollo económico territorial futuro de nuestro país solo fuera considerado en unos mezquinos 6 párrafos, 4 minutos y 5 segundos.
El discurso se centró solamente en desafíos futuros y no al golpe de timón que muchos esperábamos, ya que aún hay temas de alto interés ciudadano y que traen consigo demandas sociales totalmente justificadas, como el mega proyecto decidido entre cuatro paredes como HidroAysén, los derechos de agua que afectan a las regiones centrales, entre ellos al Valle del Aconcagua, la falta de democratización de la energía a través de una reforma a la matriz energética existente y la utilización de las energías limpias y renovables a través de una gran política pública a mediano y largo plazo que entre otras cosas haga exigible a las grandes empresas y de sobremanera al sector minero a emplearlas en sus procesos, exigiendo eficiencia y sustentabilidad.
Claramente este discurso deja de manifiesto que para el gobierno los problemas ambientales y energéticos son temas que son postergados en su administración para no entrar en disputa con el sector empresarial, ya que los intereses económicos priman mucho más que enfrentar la realidad de los chilenos que día a día verán cómo sus cuentas de la tarifa eléctrica aumentarán.
No basta con anunciar en forma rimbombante que la inversión en el sector eléctrico pasó de los 100 a los 900 millones de dólares respecto a la última década, si no se toma en cuenta las demandas ciudadanas. Al parecer el gobierno no recuerda que bajo su gestión cayeron tres ministros de energía, que no fueron capaces de desarrollar una política energética efectiva e inclusiva.
La competitividad es la gran deuda que aun presenta este gobierno en la economía, traducida en la temática ambiental y energética, ya que no busca un gran consenso a nivel país que sea capaz de buscar el camino a seguir en estas materias, de tal modo de revalorizar y concretar proyectos que no solo traigan consigo beneficios a las empresas sino que también a la tan vilipendiada y popular “Sra. Juanita”, nombrada en aquellos discursos que caen en el populismo.
Es por ello que asumiendo que las barreras de entrada que actualmente enfrentan los proyectos de energía limpia y renovable se irán despejando, éstos proliferarán alcanzando mayores cuotas del mercado eléctrico.
Sin embargo, la experiencia internacional indica que es muy probable que esta propagación traerá consigo un aumento de los conflictos socio-ambientales asociados a los mismos proyectos.
De este modo, para que el avance de la generación eléctrica a través de energía limpia y renovable en nuestro país se concrete, no basta con la implementación de instrumentos de política que aborden las barreras de entrada de tipo regulatorio y financiero y menos aún mostrando un discurso en el cual faltaron propuestas y sólo hubo un resumen de lo ya anunciado en años anteriores.