Si a un cuerpo le falta agua, está moribundo. Si un país no tiene agua, está muerto. No solamente una muerte de tipo económico (pérdida de competitividad agrícola), sino también una muerte transmitida a través de nuestra alimentación, cultura, emociones (nada fluye), y espíritu (pérdida de identidad). Esta crisis demanda grandes transformaciones de nuestros patrones de vida.
Chile tiene una gran crisis de agua. Ésta podría haber sido evitada si este y otros gobiernos hubiesen establecido una verdadera política nacional de aguas con la participación de todos.Debemos tener una política que refleje un consenso ciudadano para juntos asignar estos recursos.
Durante la primera crisis del petróleo (1973) se habló de una posible crisis mundial de agua.Chile estaba incluido en esas conversaciones. Con otros consultores tuve la responsabilidad de participar en la definición y evaluación del balance de agua mundial.
Generalmente, hay una convergencia entre la falta de agua y la pobreza. Para producir una caloría de alimentos se necesita al menos ¡un litro de agua!
Quien no ve esta crisis no aprecia el entorno de miles de campesinos que sufren de sequía.Esta no es sólo una crisis agrícola.
En las últimas semanas hemos vivido intensamente experiencias premonitorias en Santiago, donde la ciudadanía quedó varias veces inundada de agua o simplemente sin agua. Las compañías responsables del suministro de agua dicen que “este es un fenómeno causado por la naturaleza” y han decidido no asumir las responsabilidades que tienen frente a una familia que se queda sin el suministro de agua.
No podemos decir que el único factor responsable de nuestra crisis de agua es el cambio climático. Al usar el término “cambio climático” estamos diciendo simplemente que “nadie es responsable”. Pensar que “la naturaleza” es a quien tenemos que culpar sería, en mi opinión, irresponsable. Esta postura no posee ni la sabiduría que necesitamos para resolver este gran desafío que va a agudizarse cada vez más. Siento una falta de compromiso con el futuro de nuestro país.
Confrontar y resolver esta crisis demanda un cambio profundo de mentalidad económica y social (asignación, valor y uso del agua), de gobernancia institucional y organizacional (derechos de propiedad y administración), y de estilos de vida (ahorro y no desperdicio de agua).
¿Querríamos cambiar?
Dos elementos fundamentales a considerar: el agua es de todos los chilenos y el agua es un bien público. El primero demanda de un cambio constitucional ya que se dice que el agua es del Estado. Definitivamente No. El agua nos pertenece y debemos tener el poder ante la ley y costumbres para exigir y demandar al Estado, si fuese necesario, por falta de una buena administración.
Hoy, somos espectadores y eso tiene que cambiar. Sabemos que el Estado ha privatizado el agua y esto tiene que ser evaluado y cuestionado. El agua debería estar en manos del Estado.
El segundo aclara la naturaleza del agua como un bien público, esto implica que el agua no debe ser administrada como un bien privado. Esto hará la diferencia a millones de chilenos afectados por una deficiente administración y unos elevados costos de acceso a un bien que les pertenece.
El agua tiene un valor, y ese valor debe ser reconocido a través de una estructura tarifaria u otras formas que pueden estar dentro o fuera de los mecanismos del mercado. El agua es un bien público escaso y debe ser valorada, y dentro de esta valoración hay que tener en cuenta las dimensiones de equidad y sustentabilidad.
No es posible que la industria utilice y contamine el agua sin pagar el verdadero valor de esta agua.
No es aceptable que proporcionalmente una familia pobre pague más por litro de agua consumido que una empresa. Esto debe cambiar.
Debemos usar el principio sustentable de: “el que contamina paga”, y no hacer pagar el costo de descontaminación a los que no la contaminaron. La contaminación es fuente de grandes inequidades que aquejan fundamentalmente a las familias pobres. No puede ser que este bien público escaso esté siendo administrado y valorado como un bien privado, maximizando el lucro de un grupo económico.
La solución pasa por un gran aumento de nuestra conciencia colectiva en relación al compromiso que tenemos con un desarrollo sustentable. El problema del agua en Santiago no se debe tan sólo a las lluvias tropicales fruto del cambio climático sino a la forma con que tratamos a nuestras montañas, incluyendo la sobre-explotación de los bosques, la falta de reforestación y protección de las cuencas hidrográficas, la urbanización no planificada, etc.
La respuesta no está afuera sino dentro de nosotros mismos: responsabilidad, compromiso, solidaridad, sustentabilidad, interdependencia, justicia.
El Estado es responsable de esto y ello se debe decir en voz alta. El estado es el que decide, licita y asigna los derechos de agua. En este contexto, las compañías siempre irán a la conquista del lucro y no de la sustentabilidad.
Chile debería tener una organización nacional que siga y persiga los adelantos tecnológicos que aumentan la eficacia, eficiencia y equidad en el manejo de nuestros bienes públicos.
También, deberíamos crear un programa nacional para el manejo y uso de nuestras montañas y cordilleras, que incluya a todos los ministerios, y proteger lo que verdaderamente es nuestro.
La crisis de agua nos pone en riesgo a todos ya que estamos destruyendo nuestra competitividad económica, y poniendo a disposición de un mal manejo toda nuestra identidad como país y como nación.
Seremos un desierto no sólo en cuanto a nuestras tierras sino también en cuanto a nuestros cuerpos y almas. Cuando la sequía es el fruto de un mal manejo de nuestras aguas, un país seco genera un alma seca, una identidad seca, y un corazón seco.