Difícilmente habrá un tema más críptico y engorroso hoy en la agenda pública que el de ENERSIS.
Que el aumento de capital, que la falta de transparencia, que los conflictos de interés de algunos miembros del directorio, que los fondos previsionales de los trabajadores chilenos; en definitiva, que algo huele muy mal.
Difícilmente, también, el ciudadano a pie podrá entender todas las dimensiones de este proceso que tiene hoy a los economistas y expertos entregando cifras y opiniones de una operación que es noticia y que, sea como sea, involucra a nuestras no poco cuestionadas AFPs y, lo que es vital, podría tener un impacto en los Fondos de Pensiones que cada trabajador suma mensualmente al sistema de pensiones.
Lo cierto, estimados lectores, es que esta operación no ha pasado inadvertida y la gente tiene todo el derecho a saber.
Por ello, las declaraciones del Director de Enersis y de la Bolsa de Comercio, Hernán Somerville, quien señaló que “esto ha sido prácticamente un juzgamiento de la calle que es inaceptable”, son precisamente expresiones que en democracia no se pueden tolerar.
Lo que el señor Somerville olvida es que atrás quedaron los tiempos en que este tipo de operaciones se realizaba sin mayor conocimiento y, mucho menos, discusión pública, especialmente porque no se trata de un asunto sólo de privados. Las AFPs, socios minoritarios de ENERSIS, representan nada menos que a todos los trabajadores chilenos, es decir, a la calle, en expresiones del titular de ENERSIS.
Una calle que ve con preocupación que algo está ocurriendo y que tiene todo el derecho a preguntar y a exigir que las instituciones encargadas actúen.
Por ello, tranquiliza que la Superintendencia de Valores y Seguros haya intervenido, tranquiliza, a lo menos, que esta danza de millones de dólares tenga algún grado de regulación. Pero nos falta información y esperamos que las instituciones sigan funcionando y que, en forma clara y pedagógica se les explique a los trabajadores qué riesgos existen y qué medidas se están adoptando.
Los encargados de las AFP, en su mandato de proteger las inversiones de los Fondos de sus afiliados, han sido claros en advertir que esperan que la Compañía replantee la operación y que su propuesta sea conveniente también para los accionistas minoritarios.
Por algo lo están señalando. Sumemos que el Superintendente de Valores y Seguros ha dicho que la transacción presenta un conflicto de interés que tiene directa relación con la valorización de los activos. Y si agregamos todas las especulaciones y declaraciones de los últimos días, no se puede pretender silenciar las dudas del ciudadano común. Por el contrario, frente a una operación de aumento de capital que ha sido puesta en el tapete, a lo menos la calle tiene todo el derecho a pronunciarse.
Si bien resta por conocer los pasos que adoptará el Directorio de ENERSIS, la acción de la institucionalidad ha logrado frenar la operación en los términos iniciales y ese es un paso que hay que destacar. En este caso, el socio minoritario no es menor, se trata de los recursos de todos los chilenos afiliados al Sistema de Pensiones, un sistema que ha sido permanentemente cuestionado y sobre el cual existen reclamos y quejas en cuanto a su rentabilidad y real defensa de los recursos ahorrados por los propios trabajadores.
Las herramientas que hoy ofrece el marco jurídico deben utilizarse en su totalidad, como también, escuchar el acuerdo mayoritario de la Cámara de Diputados que, utilizando sus facultades fiscalizadoras, ha pedido a la Superintendencia adoptar todas las medidas y resguardos necesarios para la protección de los Fondos de Pensiones de los chilenos y chilenas.
A los inversionistas y miembros de Directorios sólo un mensaje: la transparencia llegó para quedarse y eso, señores, incluye las operaciones donde se involucran recursos públicos o, como ocurre en este caso, de todos los chilenos.