Una comisión asesora del ministerio de Economía entregará su trabajo sobre la Ley de Libre Competencia al Presidente, con el visto bueno del titular de Economía. Lo que se ha filtrado es que no hay acuerdo en ella para penalizar las colusiones y los atentados a la libre competencia con cárcel y que los especialistas prefieren reforzar los mecanismos de la ley que defiende los mercados, y particularmente favorecer la impunidad de las personas que delaten a quienes forman parte del cartel coludido u otro atentado económico.
Esto reafirma la tesis de que en Chile no hay real conciencia de la importancia de defender el rol social del mercado hasta las últimas consecuencias. Estamos ante la paradoja de un país que aplica la economía de mercado, pero que no la defiende realmente. Esto me ha llevado a creer que en Chile existe otra cosa, una economía de oligopolios. Todo esto se traduce en que, además, en general en el sector económico chileno sólo se aplican multas que son completamente marginales para cualquier actividad.
En el extranjero la cosa es distinta, un banco inglés que se colude para fijar la tasa interbancaria, el precio del dinero, con otros bancos de distintos países y de la misma Inglaterra ha sido fuertemente sancionado con alrededor de quinientos millones de dólares de multa y se inició una investigación penal. Los bancos de EEUU también enfrentaran la acción penal.
En Estados Unidos un laboratorio es penalizado por conductas contrarias a la libre competencia con tres mil millones de dólares. Y en ese país las conductas anticompetencia van normalmente aparejadas de investigaciones penales.
Esta asimetría en tratar los temas del mercado probablemente hace la diferencia entre economías realmente competitivas y abiertas con la chilena que cada día está más concentrada, a tal punto que ya se sostiene, con no pocos motivos, que estamos ante un cáncer que llevará al derrumbe del modelo.
Esta materia se pone de moda especialmente a raíz de la sanción penal a que se pueden ver afectos personeros de mundo farmacéutico, que en Chile están afectados por una disposición del Código Penal que aplica penas bajas a los delitos de colusión y que sólo permite sancionar más seriamente en los casos que exista reiteración de la conducta.
Existe una fuerte presión mediática para favorecer la impunidad en estos delitos, especialmente si se considera que se trata de aquellos que junto con afectar aspectos de mercado, en estos casos transgreden esencialmente el bien jurídico de la salud pública.
Si el legislador estimara que vale la pena valorar la colaboración por la vía de la delación, debe simplemente premiarse dicha conducta, estableciendo una exención penal a su respecto o alguna atenuante muy calificada, pero no transformar estos delitos en sanciones administrativas en que las pequeñas multas las pagan las empresas, sin afectar su devenir y que hasta se cargan a los costos.