Nada más odioso que la existencia injustificada de privilegios. Cuando se imponen al normal transcurso con que deben marchar los actos del Estado o la vida en sociedad, generan un cúmulo de resentimiento social –muy justificado y previsible- que terminan minando las bases en las que está cimentada nuestra democracia. A mayor cantidad de privilegios para unos cuantos, mayor será también la desigualdad para la inmensa mayoría.
Días atrás conocimos el caso de un grupo de mujeres mapuche –o más bien lavkenche- de Tirúa, quienes con esfuerzo y determinación se asociaron en una cooperativa para poder producir y promover sus telares. Su nombre: Reimu Witral. El trabajo destacado de las tejedoras se tradujo en la consolidación de sus artesanías y en el buen nivel de sus ventas.
Sin embargo, por desconocimiento y falta de asesoría, dejaron de cumplir sus obligaciones tributarias. ¿Qué sucedió? El Servicio de Impuestos Internos las multó el año 2008 con 8 millones de pesos por el no pago de 500 mil en tributos. Todo ello, sin considerar la posición de desventaja de estas mujeres, sin empatizar con sus ganas de progresar, y sin detenerse en la diferencia cultural. Nada. Sólo aplicó el rigor de la ley; la misma que se presume conocida por todos y que todos deben cumplir.
Entonces fue que Reimu Witral reaccionó a su omisión, reunió con mucho esfuerzo dicha suma, y como ciudadanas honorables que son, la pagó en su totalidad.
En un lado totalmente distinto a esta historia, nos encontramos con la condonación que el propio Servicio de Impuestos Internos hizo a las multas e intereses de la empresa de retail Johnson´s, y que implicó renunciar a 59 mil millones de pesos para las arcas fiscales, en un acto que jamás había sido registrado en la historia del Servicio.
Tal fue el impacto en la sociedad chilena, que la propia Cámara de Diputados decidió indagar los hechos a través de una Comisión Investigadora, cuyo fin será determinar las razones que tuvo para decidir un acto de tal magnitud y la eventual lesión al patrimonio del fisco, entre otros.
Nos urge conocer y entender cuáles son los criterios que el Servicio tiene para perdonar en algunos casos y rechazar en otros.
Cuáles son las razones legales, de procedimiento o sentido común que sustentan o explican situaciones que a primera vista parecen desproporcionadas e injustas.
Cuáles son las implicancias de que un grupo de abogados y asesores que trabajó para Johnson´s, luego integre los más altos cargos del Servicio.
Son muchas dudas las que flotan en el ambiente y hasta hoy hay muy pocas respuestas.
Ello anticipa un arduo trabajo de la Comisión, que es tan necesario como urgente, y que dice relación con la buena fe y el normal funcionamiento de un sistema que debe tratar a todos por igual, o no establecer distinciones ni privilegios odiosos.
No podemos adelantarnos a ningún resultado, ni menos emitir juicios con anterioridad a lo que arrojen los datos y razonamientos emitidos por quienes podrían pasar por esta Comisión: el Director del Servicio, los directores más relevantes, la asociación de fiscalizadores, quienes aprobaron o participaron de esta condonación, Conapyme, el ministro de Hacienda, entre otros.
Analizaremos todas las razones que exponga el Servicio; haremos las preguntas que nos parezcan pertinentes. Escucharemos a todos quienes tengan algo por decir, aportar, afirmar o negar.
Pero sobre todo, iremos en búsqueda del único valor plausible que debe prevalecer en un Chile que quiere la paz social como su característica más destacable: la Igualdad ante la Ley en cualquiera de sus expresiones. Y cueste cuanto cueste.