La reciente nacionalización de recursos petroleros en Argentina ha traído numerosas opiniones en todos los medios. Lamentablemente, lo numerosa de las opiniones no ha tenido relación con la calidad de los argumentos.
Al contrario, cada vez que se habla de la política económica argentina, los medios de comunicación despliegan un abanico de prejuicios de todos los estilos desmantelando toda discusión seria y ensalzando como orgullo nacional nuestra economía, sin cuestionar qué es lo que se hace en Chile con nuestros recursos.
YPF forma parte de esas empresas estatales esencialmente latinoamericanas que, luego de escenarios particulares de escandalosa corrupción, hiperinflación y bajo crecimiento, son privatizadas bajo una penumbra espeluznante.
En particular, las privatizaciones argentinas se ampliaron a muchos sectores productivos con el gran pero, como en toda Latinoamérica, de descuidar completamente cuáles debían representar un poder estratégico para el país. Fue todo un plan de salvataje para el gobierno en la medida que proporcionaron recursos frescos para el Estado y permitieron que grandes capitales tomaran el control de los jugosos dividendos de las grandes empresas argentinas.
La expropiación de YPF no ha sido analizada con la suficiente seriedad que amerita el tema. Es tanto el prejuicio existente que parece hasta sospechoso, ¿por qué las organizaciones internacionales consideran ilegal la expropiación Argentina?, ¿por qué todas las opiniones apuntan a que es insostenible una política de estatización de los recursos?, ¿es mero populismo? Se mezclan muchas preguntas y temas distintos.
Si pensáramos el caso del litio en Chile, ¿sería ilegal o ineficiente su explotación estatal?, ¿sería populismo?
Respecto de la legalidad de la medida, es derecho de cualquier país la expropiación de recursos cuando el Estado lo estime necesario y la constitución argentina lo señala explícitamente. En este sentido, las declaraciones de las organizaciones internacionales que han calificado de ilegal la expropiación parecen estar más interesadas en que Argentina garantice la propiedad privada de capitales extranjeros que el desarrollo económico y bienestar de su pueblo, en consecuencia, tales declaraciones no son más que una manifiesta exposición de intereses privados.
Otro tema es la eficiencia de la propiedad privada versus la propiedad estatal de los recursos: en este argumento existe mucho dogma y pocos datos.
El gobierno argentino ha centrado su argumento de forma muy simple.La petrolera ha estado generando rentabilidad por la especulación en bolsa del precio del crudo sin un plan estratégico a mediano plazo. Este argumento casi no ha tenido contrapeso, pues nadie es capaz de argumentar lo contrario. Repsol no es más que una empresa que se ha dedicado a especular con recursos de desarrollo estratégico, sus dueños son financieras cortoplacistas.
Así, ¿es justo para los argentinos que capitales privados extranjeros maximicen sus beneficios jugando en la bolsa a costa de sus recursos naturales sin proveer capacidad productiva a una economía en desarrollo?
Por último, la supuesta estrategia populista de Cristina Fernández ha sido el punto más controvertido enunciado en los análisis nacionales. A este respecto solo me cabe señalar que resulta demasiado sospechoso que los medios nacionales incidan tan enfáticamente en este punto.
Todas las políticas argentinas han sido vilipendiadas dando la impresión a la mayoría de los chilenos que Argentina vive en el caos total, que en cualquier momento la Presidenta decide expropiar cualquier cosa porque las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Lo tendencioso y superfluo de los argumentos esgrimidos a este respecto, no merecen, por tanto, siquiera contra-argumentación. Si Repsol fue expropiada porque su alta rentabilidad se deriva del alto precio del petróleo y no de un alto desarrollo productivo, evidentemente que debemos preguntarnos dónde están invirtiendo los capitales extranjeros en Chile y en qué medida realizan una inversión productiva coherente con una economía en desarrollo como la chilena.
Hay que analizar si existen proyectos de desarrollo productivo a largo y mediano plazo en la industria con altas externalidades para el resto de la economía.
En el fondo, la estatización de la petrolera debiera poner en el tapete qué hace Chile con el cobre, el litio y el resto de sus recursos naturales, ¿se garantiza desarrollo productivo cuando Codelco participa en la licitación del litio como uno más de los tantos inversionistas extranjeros que quieren explotar el recurso?