El Presidente de la República ha informado al país que propondrá una carretera eléctrica, que cubrirá todo el territorio nacional.
No conocemos hasta ahora otros aspectos relevantes de una idea que sin duda es muy interesante y una de las dudas es saber quién será el dueño y en segundo lugar bajo qué condiciones de seguridad se ejecutará.
La propuesta reconoce y tiene en ello su principal fundamento en que el país tiene un grave problema energético.
El sector privado es el que desde hace 25 años dirige esa área. Es el único que invierte si así lo estima. La transmisión desde hace más de 10 años se vendió a una empresa canadiense del Estado que paga las pensiones de los jubilados.
Las fallas del sector eléctrico son entonces achacables al sector privado chileno, que salvo Colbún, es extranjero en su mayoría. La transmisión es estatal, pero canadiense.
Esto debe cambiar de raíz. Nos informamos que los expertos opinan que la carretera eléctrica se puede hacer, pero en ningún caso por el Estado. Pensamos lo contrario.
Debe ser precisamente el Estado el que planifique, realice y sea el dueño de la línea de transmisión para que preste un servicio seguro, en que las ventajas y utilidades serán para todo el país y en que las inversiones se realicen también con una visión geopolítica.
Es hora de hacer las cosas en Chile de otra manera. El mundo está cambiando, hay que terminar con los prejuicios. No olvidemos que fue Endesa estatal la que desarrolló y analizó todo el potencial hidroeléctrico de Chile.
En efecto, una carretera estatal organizada como un gran servicio técnico del Estado y que regule la participación de las empresas de generación en competencia y asegure el suministro a las distribuidoras es un camino que debe ser estudiado en profundidad por todos los interesados.
Por estos días nos visita el primer ministro chino que nos habla de inversiones, de comercio exterior, de becas y de intercambios más fluidos.
Un país como China que tiene una configuración política en las antípodas de Chile y que, sin embargo, busca establecer políticas en un mundo tan cambiante en que el Estado y el sector privado cada vez deben verse más como socios, que como antagonistas.