En el último mes hemos visto como han reaparecido antiguos fantasmas que se creían superados después de la firma e implementación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEUU, y de sistemáticas modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial chilena.
En efecto, sorpresivamente se busca una vez más introducir en el debate público y en las políticas del ministerio de Salud intereses corporativos de la industria multinacional farmacéutica que socavan el acceso a los medicamentos de todos los chilenos.
Es así como se ha anunciado el envío para discusión inmediata de un proyecto de Ley que introduce en Chile el denominado linkage.
De lo que se trata es que el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) no se límite sólo a sus funciones propias como autoridad sanitaria, sino que también sea sede para plantear reclamos de propiedad intelectual de modo de negar el otorgamiento de los registros sanitarios que los laboratorios competidores recaban.
Cabe destacar que dicha pretensión fue categóricamente rechazada por el gobierno chileno cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con los EEUU.
Este proyecto de ley -como da cuenta incluso el anglicismo de su nombre- desnuda una vieja aspiración del lobby de la industria farmacéutica norteamericana, la que no ha dudado en instar por la inclusión de Chile en lo que se conoce como la lista prioritaria de observación de propiedad intelectual de los EEUU, elaborada por la Oficina del Representante de Comercio de dicho país.
Se trata de una medida de presión político gremial para intentar modificar los alcances de tratados bilaterales y compromisos multilaterales que ciertamente resulta inaceptable.
En paralelo, esta misma semana se discute con gran secretismo en Melbourne, Australia un nuevo tratado comercial, el denominado Trans-Pacific Partnership, más conocido por su sigla TPP.
Se trata posiblemente del mayor acuerdo comercial impulsado por los Estados Unidos después del NAFTA y que de acuerdo a los capítulos que han trascendido busca una vez más modificar las reglas del juego en materia de propiedad intelectual, y muy particularmente en todo lo que dice relación con las patentes farmacéuticas.
Entre otros aspectos se pretende extender el plazo de la denominada protección de datos o información no divulgada que poseen productos innovadores, de manera de sumar al ya extenso lapso de 20 años de monopolio legal que confiere una patente, un período adicional de tiempo en que el monopolio no pueda ser desafiado por productos farmacéuticos genéricos, esta vez aduciendo protección a los datos de investigación.
Del mismo modo se pretende autorizar el patentamiento de métodos de tratamiento hoy prohibido en nuestra legislación, y en general crear condiciones regulatorias nuevas que permitan asegurar el monopolio de la industria farmacéutica multinacional.
En buenas cuentas de lo que se trata -o lo que subyace- tanto en el proyecto de ley de linkage que con tanta premura desea impulsar el actual gobierno, como en las secretas rondas de negociación del TPP, es usar las normas de propiedad industrial e intelectual como herramientas comerciales que limiten la competencia en el sector farmacéutico y consecuentemente la posibilidad de los chilenos de acceder a medicamentos de calidad a menores precios.
Lo anterior resulta especialmente sorprendente, si se constata que las mismas voces que impulsan el linkage y el TPP, nada dicen ni se hacen cargo de los graves abusos en materia de propiedad intelectual en que ha incurrido la industria farmacéutica multinacional en su desenvolvimiento comercial en nuestro país.
Por muchos años dicha industria ha desplegado una hábil estrategia consistente en erigir barreras de entradas administrativas y judiciales para impedir o restringir la posibilidad de los laboratorios nacionales de comercializar a menor costo diversos medicamentos que carecen de patentes en Chile.
Ello se ha traducido en graves perjuicios para los pacientes que requieren determinados tratamientos en nuestro país.
Por lo mismo, es hora de enfrentar la realidad. Chile no debe dar pasos en falso.
No nos dejemos sorprender por unilaterales medidas comerciales, discusiones precipitadas de proyectos de ley, tratados comerciales con objetivos imprecisos, ni infundados e interesados reclamos gremiales.
Chile debe ser capaz de advertir que el sistema de propiedad industrial e intelectual se ha transformado en un complejo entramado legal para preservar el negocio de unos pocos, especialmente en un ámbito tan sensible como es la salud pública.
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