Hay consenso en afirmar que en nuestro país pagamos uno de los precios más altos por la electricidad, tanto de Latinoamérica como del mundo, atribuyéndolo siempre a nuestra natural escasez de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural o la ocurrencia de años secos.
Pero esta falta local de combustible no es la causa relevante, sino que es debido a que las empresas generadoras están marginando más de un 50% de sobre utilidad en el sector de los consumidores residenciales, por encima del 10% aplicado sobre su costo incluida la generación, teniendo presente que dicha tasa de rentabilidad es la estipulada en la regulación para los segmentos de transmisión y distribución.
Para llegar a eso, hay que partir por aclarar que el negocio de la generación eléctrica en Chile es un mercado libre, y que su comercialización es través de contratos bilaterales entre las empresas generadoras que retiran electricidad de los sistemas interconectados con los clientes libres o las empresas distribuidoras.
Debido a ello, el precio final para el consumidor queda determinado por el precio establecido en dichos contratos, más el valor por los servicios de transmisión y distribución de la electricidad.
En términos generales, lo que cuesta en la actualidad producir una unidad de energía eléctrica –es decir, un Mega Watt Hora (MWh)- para un cliente domiciliario (lo que se denomina en jerga eléctrica un “cliente regulado”) o de un cliente libre, es del orden de 110 dólares, monto que al tipo de cambio de agosto de 2011 es de $52 pesos por Kilowatt-hora (mil kilowatts es un MegaWat).
Los clientes libres, es decir, empresas grandes como mineras, celulosas y otras del SIC y SING, en promedio, pagan un valor de entre 117 y 135 dólares por cada MW/h, produciendo un margen de sobreutilidad de casi un 15% a las empresas eléctricas comercializadoras (generadoras que retiran electricidad de los sistemas interconectados).
La cifra aumenta sustancialmente al observar el valor que pagamos los clientes regulados, que es entre 160 y 190 dólares el MWh, lo que implica que en nuestras cuentas de luz las empresas están marginando más de un de 50% sobre utilidad.
Es decir, recuperan lo invertido en la generación, se llevan un 10% de ganancia por la generación, transmisión ¡y además un 50% adicional de ingresos!
¿No lo cree? Sumemos:
Costos de inversión asociado a cada uno de los diferentes medios de generación (y ya amortizado gran parte del parque generador)= 17 US$/MWh. Costo de operación, mantención, administración y comercialización= 48 US$/MWh
A esto se debe agregar el costo aproximados por los servicios regulados de transmisión 10 US$/MWh, y distribución, 12 US$/MWh. Esto suma 87 US$/MWh
Si se consideran además pérdidas en el sistema completo (Generación, Transmisión y Distribución) del orden del 10%, se obtiene un costo de la electricidad igual a: 97 US$/MWh.
Y si se aplica una rentabilidad del 10% en el negocio, se infiere que el valor de compraventa de la electricidad debería ser del orden de los 107 US$/MWh, lo que en cifras macro podría “redondearse” a 110 US$/MWh, ó $51.260 pesos chilenos (tipo de cambio de agosto: 1 US$ = $ 473 pesos)
El tema es que en cualquier cuenta de electricidad en Santiago se puede apreciar que el valor del kilowatt hora es mayor a $76 pesos.
Esto resulta de sumar lo indicado en su cuenta mensual como, cargo fijo, cargo único por uso del sistema troncal y energía base, y dividir dicha suma por los KWh consumidos en el mes.
En términos monetarios, equivale a $76.000 pesos por MWh, es decir, 160 dólares, versus los 97 que salía generar cada MW/h.
Resultado que muestra una rentabilidad mayor al 60%, dado que el consumidor regulado está haciendo rentar el sector eléctrico más del 50% de sobre utilidad como adicional al 10% señalado en la normativa para los sectores de transmisión y distribución.
Multiplíquelo luego por los millones de clientes domiciliarios de Santiago y las regiones que integran el SIC y del SING y podrá tener una idea de las ganancias de cada empresa; montos verificables, por lo demás, cada año en los balances públicos de las empresas eléctricas y sus compañías relacionadas.
Quizás lo más singular es que esta situación no es una ilegalidad.
Al contrario, la regulación actual lo permite conforme a lo señalado en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE: DFL 4/año 2006 ex DFL 1/año 1982) y en su normativa complementaria (Reglamento de la LGSE y procedimientos complementarios).
Dicho de otro modo, la culpa del alto precio de la electricidad no es responsabilidad de los actores que ofrecen el suministro en el mercado, principalmente concentrado en tres empresas generadoras que poseen más del 85% de participación en el mercado: Endesa, Gener , Colbún y sus filiales, sino simplemente es el resultado de la aplicación de la normativa vigente y por lo tanto la responsabilidad es de los encargados de gobernar y de legislar en la materia, y que después de 30 años no han siquiera intentado modificar.
Por eso es que, cuando se creó en mayo la Comisión Asesora Eléctrica Presidencial, un grupo de técnicos, parlamentarios, organizaciones ciudadanas y ambientales sabíamos que sería más de lo mismo y en respuesta conformamos la Comisión Ciudadano Técnico Parlamentaria por la Matriz Eléctrica (CCTP), con la que hemos trabajado durante estos meses por hacer una propuesta país destinada a cambiar esta situación.
Es que el sistema eléctrico nacional está haciendo crisis, y lo que corresponde es
una reforma estructural al mercado eléctrico mediante la inclusión de condiciones de equidad social, sustentabilidad ambiental y reglas de transparencia para el desarrollo eléctrico.
Es mucho lo que se puede hacer: priorizar la generación eléctrica con tecnologías limpias, basadas en energías renovables no convencionales, de bajo costo operacional; regular el segmento de generación; incorporar el concepto de reserva estratégica, una reforma del modelo marginalista, llevar a cabo licitaciones separadas para la adjudicación de los bloques de energía para el cumplimiento de las cuotas de ERNC, licitar en forma separada los bloques de energía destinados a respaldar los sistemas eléctricos en demanda “de punta” y un cambio de la estructura corporativa del CEDEC, para su transparencia e independencia, entre otras.
Si se conjugan dichas variables, seríamos capaces como país de tener un mínimo costo eléctrico tanto para clientes libres como para los clientes regulados, resultado de una planificación estratégica consensuada, que nos permitiría ayudar en forma importante a la disminución de la extrema pobreza y al crecimiento del país, y también de forma más limpia y sustentable.