El gobierno del Presidente Piñera ha señalado, incluso desde antes de asumir formalmente, que los grandes beneficiarios de sus políticas iban a ser los pobres y las clase media.
A nosotros, una prioridad así planteada nos parece muy bien, aunque, si se mira con detenimiento el asunto, no es más que el cumplimiento de las obligaciones de todo gobernante, que debe, siempre, favorecer a las grandes mayorías.
Y en Chile, lo sabemos de sobra, los miserables, los pobres y la clase media son las grandes mayorías; el diez por ciento de los hogares más ricos de Chile posee un ingreso per capita 78 veces superior al del diez por ciento más pobre.
Siete familias chilenas tienen un patrimonio conjunto de 75.000 millones de dólares, tres veces el PIB de Bolivia. Podría dar más cifras, pero estas ya son lo suficientemente expresivas.
De manera que es de justicia, es un deber moral, es la principal tarea de un gobernante, trabajar para esas grandes mayorías que ganan poco, que equilibran apenas el presupuesto, que no pueden pagar por educación privada de calidad, que no van a las clínicas del sector alto de la capital, que viven asediadas por la incitación al consumo financiado con créditos usureros.
En pocas palabras, esas grandes mayorías que o bien se desplazan en la movilización colectiva, subterránea o de superficie, o en un auto que constituye su principal riqueza o su medio de trabajo.
Pues bien, esas grandes mayorías son las que más aportan a la recaudación del impuesto específico a los combustibles, tanto en términos absolutos como individuales: son muchos más, y también es mucho más alto el porcentaje de su ingreso destinado a la movilización.
Es decir, se trata de un impuesto altamente recesivo, que perjudica a los pobres y a la clase media, que además fue creado por una razón que ya no lo justifica, la reparación de los caminos y carreteras dañados por el terremoto de 1985.
Ahora se anuncian más alzas de los combustibles, que presionarán al alza los pasajes de las micros y el costo de financiamiento de tantas pequeñas y medianas empresas relacionadas con el transporte o que pagan por el transporte de insumos y mercancías.
Es hora, entonces, de que el gobierno sea consecuente.
Presentamos un proyecto urgente para eliminar o disminuir drásticamente el impuesto específico a los combustibles, una medida de efecto instantáneo que beneficia a las grandes mayorías.
Si hay que compensar esa baja, muy bien, que las grandes empresas –los ricos, los privilegiados, esa poderosa minoría que siempre sale beneficiada- paguen más.
Eso es gobernar con consecuencia y con la mirada puesta realmente en los pobres y la clase media.