La situación de La Polar instaló el debate sobre los enormes abusos que se cometen con los clientes.
Las repactaciones ilegales son sólo una parte de un combo que incluye cargos indebidos, seguros asociados irregularmente, tasas de interés que lindan en la usura y un tema que me ha ocupado permanentemente: la falta de una ley de insolvencia o quiebra de los hogares.
Desde el 2006 he planteado que Chile necesita un sistema que permita a las familias enfrentar situaciones de sobreendeudamiento en condiciones razonables y presenté un proyecto en el Parlamento. Mi razonamiento fue que es el drama de la “bicicleta” el que angustia a la familia chilena y agrava su crisis financiera.
Hoy no existe mecanismo alguno para salir de la iliquidez.
Si una familia no tiene como pagar sus compromisos económicos comienza una pesadilla donde cada acreedor le cobra por separado. Una seguidilla interminable de amenazas, cobranzas y embargos que el deudor trata de atajar a duras penas.
En la desesperación, se sube a la bicicleta y comienza el pedaleo. Cuesta arriba. Acepta repactaciones abusivas de multitiendas y bancos y pide préstamos para pagar otras deudas.
Salvo un milagro financiero y laboral, sólo agrava su problema. Al cabo de unos meses el colapso es total y deberá varias veces más que cuando explotó la primera deuda. Esto podría evitarse si tuviéramos para los hogares algo similar a la quiebra de las empresas.
Lo que he propuesto – y que recoge experiencia internacional – involucra dos sistemas paralelos.
El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, permite que el deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, entregue su caso a un mediador que procura un acuerdo con sus acreedores.
El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque una solución.
Así, en la gran mayoría de los casos, con intervención del mediador o del Juez, el deudor logrará un convenio con todos sus acreedores a la vez que contendrá un plan de pagos, con plazos, tasas y condiciones razonables.
En casos extremos, en que la situación no le permitiera acceder a un acuerdo o que no cumpliera el plan de pagos y se llegue al remate, el sistema también le favorece, pues le permitiría optimizar el uso de sus bienes para pagar.
Hoy, además de la pérdida de tiempo, la existencia de juicios paralelos, aumenta los costos.
Cuando la pesadilla termina, el deudor pierde todos sus bienes y ni siquiera abona a la deuda.
Necesitamos bajar las tasas de interés y una fiscalización más activa para detener los abusos.
Pero también requerimos, con urgencia, una ley de insolvencia y sobreendeudamiento que permita a los deudores abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un convenio de pago con plazos, tasas y condiciones razonables.
¡A parar la bicicleta!