Uno de los criterios más arraigados entre los economistas es la necesidad de propender a la eficiencia del gasto social. Dado que los recursos siempre tienen un uso alternativo, lo que se procura es que se asignen a aquellos sectores más necesitados y con alta rentabilidad social.
La gestión presupuestaria de las últimas décadas ha tenido un notable comportamiento en respetar y hacer respetar ese criterio. Este ha sido uno de los factores más relevantes en la mantención de los equilibrios macroeconómicos de largo plazo de la economía chilena.
El envío de los proyectos de ley de extensión del plazo del post natal y la eliminación del 7% de cotización de salud de los jubilados no sólo dejo la sensación que no se había sido especialmente riguroso con este criterio, además, desató un fuerte y complejo debate en el Congreso.
La propuesta del ejecutivo, de limitar los beneficios a sólo un segmento de la población potencial, que tiene la lógica de limitar el compromiso de recursos públicos, focalizándolo en los estratos de más bajos ingresos, ha sido respondida por la oposición señalando que dichos beneficios deben ser entregados a la totalidad de la población que cumpla con los criterios de acceso sin discriminar por nivel de ingreso.
El argumento central es que esas garantías guardan relación con otras condiciones, como la vejez y el embarazo, y no con la riqueza de las personas, por tanto, cumplidas las mismas, todos debieran recibir las asignaciones. En otras palabras: lo tuyo y otro más, lo que pone la discusión en una peligrosa espiral populista.
De esta forma, un proyecto que ya podía ser cuestionable por la falta de focalización del gasto social, podría terminar siendo aun más regresivo en la redistribución de los recursos públicos.
Sin embargo, hay varios elementos subyacentes que pueden ayudar a ordenar este debate.
El primero, es la propia constitución, que no otorga inicitiva al parlamento para aumentar el gasto, lo que debe ser aplicado con rigurosidad. Esta disposición ha sido un factor clave en el ordenamiento fiscal de nuestro país y permite canalizar la discusión dentro de ciertos límites.
Lo segundo, guarda relación con la distribución de los beneficios electorales de implementar una política que favorece a una parte importante de la población de mujeres y jubilados. La teoría de juegos aplicada a las finanzas públicas, sugiere que en estos casos es mejor llegar a acuerdos cooperativos, esto podría materializarse abordando previamente el tema con la oposición, acotar la propuesta y disminuir el riesgo que el debate parlamentario vaya más allá de lo presupuestariamente razonable, lo que también se traduce que, en alguna medida, se compartirán los beneficios y costos políticos.
Como Chile es una país fuertemente presidencialista, la puesta en práctica de estos procedimientos dependen fuertemente de la capacidad de convocar y gestar acuerdos del ejecutivo, lo que, a la luz de los hechos, requiere replantear su propio tipo de liderazgo por uno mas convocante y con sentido de Estado.
Lo que es definitivamente relevante, es que desde la perspectiva de las finanzas públicas es urgente dar señales claras que privilegien la rigurosidad fiscal sobre las eventuales tentaciones de formular propuestas buscando inclinar preferencias electorales.
Más aún cuando las dos iniciativas mencionadas, una vez en práctica, son completamente irreversibles.