“Aborto es tortura, muerte y desaparición”. Esto decía un enorme cartel que apareció en la ruta 68 con una foto de personas detenidas en el Estadio Nacional. No puedo quedar en silencio frente a esta frase que induce a graves confusiones, al hacerse una interpretación equivocada del derecho internacional de los derechos humanos.
Las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena, son una herida aún abierta en nuestra historia reciente. Decenas de miles de personas fueron torturadas, desaparecidas y asesinadas por una razón principal: porque tenían convicciones diferentes a las de quienes en ese momento definían las reglas.
Todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos fueron clarísimos en su condena a estos hechos y en la responsabilidad del Estado de Chile en asegurar verdad, justicia y reparación a las víctimas, por haber violado sus derechos básicos como la vida, la salud y a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La comparación que hace la organización que está detrás del cartel con la realidad del aborto en Chile es extremadamente peligrosa. La memoria de las víctimas y sus familiares no debe jamás trivializarse y, en mi opinión, es a lo menos una falta de respeto utilizarla para campañas en temas no relacionados con su historia y que no necesariamente cuentan con su apoyo.
Sin embargo, si pese a todo hacemos comparaciones, entonces debemos identificar adecuadamente dónde están las violaciones de derechos humanos que ocurren en la actualidad debido a la criminalización total del aborto.
Para ello, lo que debemos mirar es a las mujeres que mueren o quedan irreparablemente dañadas a causa de abortos inseguros, las mujeres que deben enfrentar juicios criminales tras haber abortado, las mujeres que se ven obligadas (sin que nadie les pregunte su opinión) a continuar con un embarazo aun cuando está en riesgo su vida o su salud, cuando sabe que el feto es inviable, cuando ha quedado embarazada a causa de una violación.
Como lo ha denunciado, entre otras, Amnistía Internacional, el Estado es responsable de esas muertes, de esos daños a la salud, de la tortura que significa para esa mujer o niña continuar su embarazo contra su voluntad en circunstancias así de extremas.
Y todo ello por la misma razón principal: porque la mujer que quiere abortar tiene una convicción diferente de las convicciones personales de quienes han legislado en Chile. Los mismos organismos de derechos humanos han sido clarísimos en exigirle a Chile una modificación legal, insistiendo en que la criminalización total del aborto es contraria a los derechos humanos de las mujeres.
Por supuesto que el Estado también debe protección al que está por nacer, y así lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra Constitución. Pero la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta protección no es absoluta, sino que “gradual e incremental según su desarrollo” lo cual “implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”, para asegurar que esta protección no permita “justificar la negación total de otros derechos” (fallo en caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, sentencia de 28 de noviembre de 2012).
Y esto es justamente lo que sucede con la criminalización total del aborto. Al no admitir excepciones, el Estado le está negando a las mujeres protección para los mismos derechos básicos antes mencionados: su vida, su salud, no ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Y esas son violaciones de derechos humanos por las cuales el Estado de Chile es hoy responsable.