Un informe de 6.000 páginas del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano, ha revelado que la CIA interrogó a 119 supuestos miembros de Al Qaeda mediante crueles torturas, parte de un programa denominado Técnicas de Interrogatorio Reforzadas. 26 personas cuya detención fue reconocida como errónea, también sufrieron los martirios, siendo algunas compensadas económicamente.
Hasta 180 horas de privación de sueño, ahogamientos, colgamientos, vejaciones sexuales, grabación de gritos de terror de prisioneros para conocimiento de sus familiares. Algunos no resistieron el tormento y fallecieron. El sistema contaba con recintos secretos de detención (blacksites) operados por la CIA y se basaba en desapariciones y ocultamientos similares a las realizadas por las dictaduras latinoamericanas, bajo el liderazgo de militares formados en la ideología del enemigo interno y técnicas de tortura aprendidas de sus colegas norteamericanos.
El informe desnuda la extrema crueldad de algunos seres humanos sobre sus semejantes, actuaciones aparentemente motivadas por el miedo y bajo la justificación “moral” del bien superior
Lo informado ha dado lugar a un crudo debate en Estados Unidos. A la condena absoluta de los hechos, se ha añadido una peligrosa relativización, en que han surgido como justificantes el miedo y la necesidad de impedir nuevos atentados bestiales como el del 11S. Así, apelando a esta tragedia se ha planteado: “Solidarizo con quienes tuvieron la carga de defender la seguridad de la nación tras ese ataque sorpresivo. No sabían qué podía pasar … cuesta resistirse a la conclusión de que algunos agentes de la CIA se tomaron las libertades que les dimos tras el 11S – por temor a un nuevo ataque – y las siguieron usando ya pasado el momento de emergencia y en modos que incluyeron no sólo la tortura, sino también el abuso institucional y el engaño a la opinión pública y a otros organismos del gobierno. Si no fuesen denunciadas y verificadas, esas acciones dañarían a nuestra sociedad tanto como un ataque terrorista” (opinión de Thomas L. Friedman en The New York Times, reproducida por El Mercurio, sábado 13.12.2014, p. A11).
Friedman ve un hito temporal, antes del cual serían legítimas las acciones por estar basadas en un miedo justificado, perdiendo esa legitimidad una vez pasada la emergencia.
Otra línea de relativización apela a efectividad y eficiencia, cuestionándose las acciones por no haber sido efectivas para obtener información relevante. La conclusión implícita es evidente: la tortura de seres humanos podría justificarse por su eficiencia informativa.
Ha condenado estas prácticas el Presidente Obama, quien reconociendo las divisiones que han provocado estas revelaciones, señaló que haría todo lo que esté en sus manos para jamás recurrir a estos métodos.
De hecho, en 2009 al llegar a la Casa Blanca, terminó con el Programa de Técnicas de Interrogación Reforzadas. Por su parte, el senador y ex candidato presidencial republicano John McCain dijo: “ … cuestiono enfáticamente que haya sido correcto usar estos métodos, ya que este informe deja en claro que no fueron ni en el mejor interés de la justicia, ni de nuestra seguridad, ni de nuestros ideales, en cuya defensa hemos sacrificado tanta sangre …”, agregando que “seguimos siendo estadounidenses diferentes, más fuertes y mejores que quienes quieren destruirnos”.
Tiene razón el senador McCain porque la fuerza de la verdad ha permitido crecer a Estados Unidos, haciendo atractiva su heterogeneidad en pluralismo. Cuando el país se ha apartado de esa senda, se ha empequeñecido, pudiendo solamente volver al respeto de los derechos humanos de todos, con el reconocimiento posterior de errores, horrores y atrocidades, como el encarcelamiento de 127.000 japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, las persecuciones histéricas del macartismo y el uso de napalm y otras armas químicas durante la guerra de VietNam, por citar solamente algunos episodios no recientes.
El informe debe impactar a muchos estadounidenses no solamente por las atrocidades, sino porque ellas van en contra de sus orígenes históricos. El país fue fundado en la afirmación de los derechos de los habitantes de las 13 colonias que se independizaron por la fuerza del poder opresivo. Ya en esos años, la heterogeneidad de origen y pensamiento, político y religioso, estaban presentes en los colonos. La desconfianza al poder central estuvo en la base de la asociación, conservando fuertes prerrogativas los estados individuales frente al poder federal, sobre la base de todo un sistema de controles (check and balances).
El informe sobre la CIA debería reafirmar la necesidad del respeto universal por los derechos humanos. Universal significa que todos, y en todas circunstancias, deben respetar esos derechos para todos, sin relativización ni excepción algunas.
También debería hacernos meditar sobre el carácter precario aún de ese respeto, nunca suficientemente asegurado cuando “razones de Estado”, permiten sobrepasar esos derechos.
En ese sentido, es loable la actitud vigilante permanente de nuestro Instituto de Derechos Humanos que recientemente ha llamado la atención sobre la prevalencia aún de prácticas de tortura en Chile.