El Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile que elabora la Universidad Diego Portales desde hace ya 12 años es una contribución relevante para mirar la situación del país desde un deber ser, siempre difícil de alcanzar.
El Informe 2014 llama la atención sobre temas que están en la agenda del debate público: el derecho a huelga, la política de entrega de tierras a las comunidades indígenas, el sistema penitenciario, los derechos de los migrantes y refugiados, la salud mental de la infancia, el derecho a la educación para estudiantes con discapacidades, la homoparentalidad, y, por cierto, un tema central, lo que se ha dado en llamar la justicia transicional, es decir, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria en relación a las violaciones de los derechos humanos en dictadura.
Sobre este último aspecto, el informe entrega valiosa información sistematizada que da cuenta de un seguimiento contundente de los hechos. En materia de justicia, destaca que entre 1998 (año en que los tribunales deciden tomarse en serio su deber de hacer justicia respecto de las violaciones de los derechos humanos) y 2014, alrededor de 900 agentes han sido procesados, imputados o condenados.
Actualmente hay 65 personas en prisión. 22 han sido liberados por cumplimiento de sus condenas o por beneficios carcelarios o fallecimiento. Cabe destacar, como lo dice el Informe, que “los nombres que se repiten son relativamente pocos, lo que contradice la percepción de muchos observadores y querellantes de que se condena siempre a los mismos agentes”. Con todo, esta publicación insiste en la necesidad de contar con una ley interpretativa del decreto de amnistía de 1978.
El país ha conocido notables avances es el campo de la memoria histórica, así lo sostiene este informe. La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado resultó ser un momento de quiebre en que el discurso del golpe y la dictadura como salvación nacional perdió toda legitimidad.
En efecto, y paradójicamente, fue un presidente de derecha, Sebastián Piñera, quien se encargó de sepultar dicho relato. La sociedad chilena, a través de las universidades, los canales de televisión, el mundo de la cultura, las agrupaciones de víctimas, instaló definitivamente la condena al régimen cívico-militar.
En el campo de la verdad, el Informe valora los avances que han significado los Informes Rettig y Valech y las investigaciones judiciales, pero llama la atención sobre las restricciones vigentes para el acceso público de archivos en que se contiene información relevante sobre violaciones a los derechos humanos.
Es el caso de los archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura o de las fichas de Colonia Dignidad entregadas parcialmente. Al respecto, sería un paso positivo que se instruyera a los ministerios para identificar, proteger y dejar al acceso público los archivos relativos a la acción de los aparatos represivos en dictadura.