Desde 2011, en Chile y en el mundo entero, los movimientos ciudadanos han cobrado una fuerza sin precedentes. Las personas se movilizan y organizan para exigir sus derechos, y muchas veces, la respuesta del Estado ha sido la represión. Tras ignorar las peticiones y a veces descalificarlas, se respondió con violencia o criminalización.
Por dar algunos ejemplos se puede mencionar el caso de Medio Oriente y el Norte de África, España y Estados Unidos.Chile no fue la excepción: la llamada «ley Hinzpeter» y las denuncias constantes de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros muestran esta realidad.
Hace unos meses atrás, antes de las elecciones primarias, escribí otra columna haciendo una invitación a los candidatos y candidatas presidenciales para hablar sobre derechos humanos.
Esto, a raíz de la Carta Abierta que envió Amnistía Internacional a quienes estaban en carrera hacia la Moneda y en la cual se les pedía el compromiso de incorporar en sus programas de gobierno seis temas de derechos humanos: impunidad, protesta social, pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos, no discriminación e institucionalidad de derechos humanos.
Hasta ahora, nadie ha dado una respuesta formal a la Carta y la mayor parte de estos temas ni siquiera han sido mencionados.
Otro ejemplo que puedo dar y que muestra la falta de interés de los y las presidenciables es lo que ya muchos y muchas habrán escuchado: Populusaurio (www.populusaurio.cl).
Se trata de un grupo de 17 organizaciones sociales que está organizando una cumbre de la sociedad civil y a la que se invitó a los candidatos y candidatas con la intención de realizar un debate inédito con preguntas provenientes de la propia ciudadanía. Sin embargo, ha sido extremadamente difícil concitar el interés de los comandos.
Es cierto que una parte de esto se debe a la contingencia política. Por todos los eventos ya conocidos, la atención ha estado dirigida a quién gobernará el país y no en las propuestas y programas para el próximo período.
Sin embargo, esto no puede ser una justificación para siempre. El 17 de agosto se inscribirán las candidaturas, se espera que al fin la discusión se dirija a los contenidos, y por supuesto, se empiece a hablar de derechos humanos.
Son varios los temas en que la posición de los candidatos y candidatas son una incógnita, como la impunidad por violaciones de derechos humanos a 40 años del golpe de Estado, derechos de los pueblos indígenas o institucionalidad de derechos humanos.
Y en el actual contexto nacional e internacional, no es posible dejar fuera una posición clara acerca de las manifestaciones sociales, el control del orden público, las respuestas legislativas y policiales.
Es de esperar también, que se haga un mayor esfuerzo por escuchar a la sociedad civil, que los candidatos y candidatas tengan debidamente en cuenta los intentos de la ciudadanía por plantear sus preocupaciones, y que los programas de gobierno incorporen mecanismos de participación para el diseño de las políticas estatales.
La ausencia de ambas cosas en los planteamientos de los candidatos y candidatas, es preocupante.
Si por una parte se guarda silencio acerca de las denuncias de violencia policial en el contexto de manifestaciones y de los proyectos de ley propuestos para mantener el orden público y que claramente vulneran derechos humanos, y por otra parte se muestra poco interés en dialogar con la ciudadanía, se está dando una señal negativa acerca de cómo será la relación Estado-sociedad civil en un eventual futuro gobierno.
Por ello, superada la actual contingencia política e inscritas las candidaturas, confiamos en que quienes aspiran a la presidencia empiecen a hablar de derechos humanos. Y que empiecen hablar – de ésta y de muchas otras materias – con la sociedad civil.