Hoy Chile hace noticia en el mundo entero al informarse que la Cámara de Diputados acogió a tramitación un proyecto de ley que busca, sin pudor alguno, una amnistía encubierta para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en Chile. Ley de Punto final señalan algunos. Una vergüenza, aberrante e inaceptable.
Parece que a los nostálgicos del terror no les basta con sus proyectos destinados a criminalizar el movimiento social y aumentar las sanciones por insultos a Carabineros, reprimiendo a los ciudadanos que libremente expresan su descontento.
Ahora, entre gallos y medianoche, ingresan un proyecto que busca remitir (perdonar), de pleno derecho, la pena que cumplen condenados por delitos de lesa humanidad, con penas de hasta quince años, ocurridos entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990. Es decir, obtienen la libertad inmediata.
Y lo que es aún más grave, el proyecto de ley otorga el beneficio de la libertad provisional, de pleno derecho, para los procesados por estos mismos delitos mientras dure el proceso judicial, así de simple, ni siquiera a petición de partes. Esto es insólito. Esta garantía ni siquiera existe para aquellas personas que cometieron delitos contra la propiedad y ahora se propone para personas que están procesadas por graves delitos de lesa humanidad.
Es una pésima noticia para Chile y para nuestra imagen en el mundo entero, donde se informa de este hecho con estupor. Desde la democracia cristiana impulsamos que se declare inadmisible, que no pueda tramitarse, porque hay claros incumplimientos a Tratados Internacionales que ha suscrito Chile en cuanto a no permitir este tipo de amnistías. Esperamos que prime este criterio jurídico y, también, la razón y la prudencia, pues un proyecto de esta naturaleza supera toda lógica.
Afortunadamente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados que integro, acogió nuestra petición y declaró (con los votos en contra de los diputados de la UDI y RN) que el cuestionado proyecto es inconstitucional, lo que deberá ahora informarse a la Sala de la Cámara para su pronunciamiento.
Abrir las puertas de las cárceles para quienes cometieron este tipo de crímenes, que enlutaron a nuestra país durante tantos años parece no sólo impensable, sino que constituye una ofensa y una bofetada para los miles de familiares de las víctimas y para un colectivo que sólo ha pedido Justicia tras los horrendos crímenes cometidos durante la dictadura militar en Chile.