De vuelta están los estudiantes en la calle. Con ellos, las tomas y paros, la solidaridad de la mayoría de la población y por supuesto, las autoridades de turno, que buscan desprestigiar al movimiento para debilitarlo y salir de la crisis, sin reconocer sus responsabilidades y al mismo tiempo, persistir en el viejo anhelo de la dictadura:
Aniquilar la educación pública para convertirla paulatinamente en una nueva área de negocios.
A pesar de lo anterior, la educación suele ser mencionada como pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades y la superación de la pobreza y la desigualdad en todos los discursos políticos y académicos de nuestro país y en las discusiones que buscan mejorarla, se suele recurrir, de manera liviana y con poco fundamento, a un cuerpo de ideas creado precisamente para mejorar y asegurar la calidad de cualquier proceso productivo: La Gestión de Calidad.
Lo lamentable es que los sectores más neoliberales de nuestra sociedad se han habituado a copiar modelos a medias, pasándolos por el cedazo de la ideología dominante y centrando la responsabilidad de todo producto final, en el mundo de los trabajadores y excluyendo de ellos, toda exigencia a los empresarios y en este caso, a los sostenedores de la misma.
De esta manera, en la discusión sobre educación, se centra la preocupación en el control y la evaluación de los profesores, que actúan sólo en la fase final del proceso, sin asegurar la infraestructura, el clima laboral y los recursos necesarios para que realicen su parte del trabajo y lo más grave, sin abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades concurrentes de cada actor con los destinatarios del proceso de producción de la educación.
Tampoco se discute con el cuerpo social el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos, lo que sería consistente con el enfoque hacia el cliente, tan propio de los modelos de gestión de calidad. La calidad, entonces, es entendida como fin y no como medio para el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestra sociedad.
Ahora bien, como es sabido, la gestión de calidad se basa en hacer las cosas bien a la primera; realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y, por sobre todo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, tanto internos como externos.
En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los directivos, docentes, codocentes, padres y apoderados, alumnos y a la sociedad en su conjunto, que son los miembros del sistema y aquéllos a quienes deseamos servir con el mismo. Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, representa un ejercicio meramente retórico.
Se afirma buscar calidad en la educación, pero sin la participación de los actores, lo que demuestra nula preocupación por los destinatarios internos y finales del proceso.
Tampoco existe preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, ni porque los recursos necesarios estén disponibles o sean claramente suficientes. Como si fuera poco, se plantea que primero debe llegar la calidad, para ser premiada luego con los recursos necesarios para lograrla.
Por solo dar algunos ejemplos, y sin pretensión de ser riguroso, es útil recordar que mientras en el sistema privado el promedio de alumnos por sala se acerca a los 30, en el sistema público bordea los 46.
Mientras en el sistema privado se gasta por alumno, cerca de $ 100.000, a todo evento, en el sistema público se gastan $ 40.000, siempre que tengan 100 % de asistencia.
Como si fuera poco, del total de horas contratadas por profesor, en el sistema privado cerca del 80% de ellas se destina a hacer clases y el resto, a preparar las mismas y a corregir trabajos y pruebas: Mientras tanto, en el sistema público el 100 % de la horas contratadas se dedican a hacer clases y los profesores terminan preparando las mismas y haciendo todas las demás actividades que implica su labor, en sus casas, los fines de semana o en las tardes y noches, luego de llegar de hacer su trabajo, obligados a dejar de lado su familia y su descanso.
Seguimos así, sin entender que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados, con la presión de ser los únicos responsables de los resultados y a los alumnos obligados a estudiar en pésimas condiciones, sin la infraestructura necesaria y sin una buena alimentación y un justo sistema de transporte, es un mal camino para tratar de alcanzar la tan mentada calidad, sino el peor.
En este contexto, el marco normativo que rige la educación en Chile, debe ser transformado radicalmente, incorporando mecanismos y procedimientos para la participación de todos los miembros en las definiciones del sistema, ya que son la esencia del mismo y sólo su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la sociedad y de los destinatarios finales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos.
Paralelamente debe dotarse al sistema de los recursos necesarios para tener a los miembros del sistema orgullosos, satisfechos y contentos de la labor realizada, abandonando de una vez y para siempre la agonía programada por quienes sueñan con que el sistema público muera de inanición por abandono y desinversión.
Resulta obvio que para certificar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso.
Estos requisitos no deben estar condicionados a resultados, pues si aspectos como, la infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos, son un premio por la calidad y no una condición para ella, jamás lograremos mejorar la educación.