Muchas veces me he referido a los premios que entrega el Estado a sus creadores, cuales son el Premio Nacional de Artes y el recientemente anunciado Premio a la Música Nacional Presidente de la República, y la pertinencia de su entrega a determinados galardonados.
Sin embargo, ya había desechado la idea de referirme a cualquiera de ellos, pues muchas veces la lectura se desvía y parece para muchos un arranque de histeria controlada por las buenas maneras y con una pizca (o un saco) de resentimiento de por medio.
Antes de comenzar quisiera felicitar a todos los galardonados, pues todos en mi personal parecer, son merecedores de reconocimiento.
En el área de música docta, el premio ha sido entregado sistemáticamente a compositores. Esto que al parecer es la lógica encuentra excepciones que evidencian otras alternativas y es gracias a esto que vengo a plantear un ciudadano y musical reclamo por las razones que explico a continuación a raíz del recientemente anunciado premio para la versión 2015.
Se lee en la nota de prensa del CNCA que, “El premio -administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes- fue creado por el Estado Chileno en 1999 como un reconocimiento y estímulo a los artistas nacionales que, por su excelencia y creatividad, han realizado un aporte trascendente al repertorio nacional y a la historia cultural del medio.”
La conjunción “y” al final del párrafo hecha por tierra cualquier argumento que sostenga el CNCA en esta u otra oportunidad cuando se entregue el premio a alguien que no cumpla con los dos requisitos, es decir, aportar al repertorio nacional y a la historia cultural del medio.
En versiones anteriores se ha entregado el premio a intérpretes como lo fueron Luis Orlandini y Juan Pablo Izquierdo. Ellos han aportado al repertorio nacional de manera sostenida y por cierto a la historia cultural del medio. El CNCA se equivoca cuando sólo considera la historia cultural del medio y no se hace cargo del aporte al repertorio nacional, que según mi perspectiva se refiere a la música de compositores nacionales.
Mi opinión no significa por cierto que quienes han llevado el nombre de Chile a otras latitudes no sean merecedores de reconocimiento, mas, y tal como se lee en la ley que regula este premio, se debe considerar el aporte al repertorio nacional como máxima ineludible.
Siendo yo integrante del Consejo de la Música hace algunos años atrás, reparé sobre esto. Pues, es importante que se reconozca a quienes representan con sus carreras y trayectorias a todo aquel que lo merezca, pero otra cosa es desentender la letra y espíritu de la ley que crea este premio.
Con el cariño y agradecimiento que le tengo a la Orquesta Sinfónica de Chile, ganadora del premio hace algunos años, argumenté que no se debió entregarle el premio, pues este es un premio del Estado y la Orquesta también es del Estado.Por lo mismo no es prudente que el Estado se premie a sí mismo.
Ahora en 2015 se le entrega el premio a una reconocida intérprete. A pesar de la admiración que tengo por Verónica Villarroel y de creer profundamente que es merecedora de todos los reconocimientos posibles, en el caso particular de este premio, el CNCA se equivocó, pues ella no ha demostrado un compromiso por la interpretación de música de compositores chilenos (o al menos no es parte importante de su repertorio) y por lo tanto no cumple con uno de los requisitos que según la propia letra de la ley es excluyente y peor aún el mismo CNCA lo publica en su nota de prensa.
Como todo reclamo debiera venir con una propuesta, propongo la mía una vez más.
Que se cree un galardón especial para intérpretes nacionales que con sus talentos han llevado el nombre de Chile a otras latitudes. Que se asigne una cantidad de dinero a las actuales Menciones Honrosas, cuales son Edición Musical y Producción Fonográfica.
Y finalmente, que los circunstanciales argumentos de los pasajeros integrantes del Consejo de la Música no transgredan la letra y espíritu de la ley, pues contribuyen a crear una imagen de las cosas que se alejan de la realidad y de los objetivos de las políticas culturales regidas por leyes, que para bien o para mal es lo que hay.