El atentado en contra de la revista Charlie Hebdo ha dado lugar a una nueva discusión sobre los derechos en la que una vez más se pone en cuestión la relación entre lo público y lo privado. A pesar de la distancia y de la diferencia entre los problemas entre una y otra sociedad, en Chile se ha levantado una discusión que tiene muchos puntos en común con esta y que se centra en el tema del aborto.
El punto en el que ambos problemas se relacionan es el pensamiento laico sobre los derechos que un Estado debe garantizar y las posturas subjetivas que los ciudadanos pueden tener sobre diferentes temas. Por un lado, el Estado como garante de la posibilidad de una vida en común, y por otro los reclamos de los ciudadanos particulares acerca de temas que afectan sus propios intereses.
En el caso de Charlie Hebdo, se ha dicho que la libertad de expresión, que el Estado debe garantizar tendría límites y que estos estarían marcados por el respeto que todos los ciudadanos deben tener por las opiniones y creencias existentes dentro de la sociedad. Así, la constante mofa que la revista hace de Mahoma y de las creencias musulmanas es algo que ofende a ciertos ciudadanos y que por lo tanto no debería permitirse. El argumento pareciera consistente, pues si se desea una convivencia pacífica entre las distintas formas de fe religiosa no se debería permitir que estas sean objeto de burla y de sarcasmo. La libertad de expresión debería ejercerse sin lesionar esta exigencia de respeto que asegure la buena convivencia.
Y sin embargo, tal argumento es falso. En efecto, en el fondo de esta declaración de buenas intenciones, se esconde una grave confusión entre lo público y lo privado, entre lo que atañe a lo común, que debe ser preocupación del Estado y lo que es una simple cuestión de posiciones e intereses particulares.
El derecho a la libertad de expresión tiene que ver con lo común, pues es una garantía de que todas las opiniones, ideas y pensamientos podrán ser expresados sin represión alguna por parte del Estado.
Lo común está en el interés de todos los ciudadanos de poder manifestar sus opiniones sin tener que pasar por una censura previa o un permiso que los valide socialmente. Por eso, es un principio de defensa de la libertad individual en el más amplio sentido. El respeto, en cambio, tiene que ver con una actitud particular que un individuo puede tener o no tener según sean sus posicionamientos.
De ahí que solo se puede pedir respeto a quienes compartan con uno las mismas ideas o creencias. No se puede pedir respeto a una creencia que uno no comparte, especialmente cuando uno piensa que esta creencia es una superstición que podría llegar a ser nociva para quienes la sostienen. Por lo tanto, si bien en una declaración de buena intención se puede afirmar que es bueno que los ciudadanos respeten las creencias de los demás, esto no puede llegar a proclamarse como una exigencia, porque se estaría atropellando el derecho a la libre expresión.
En realidad, todos somos libres de reírnos y de mofarnos de lo que para el vecino es sagrado y la defensa de este derecho es más importante que la mejor declaración de buenas intenciones. Que nadie se ría de lo que yo pienso es un deseo personal mío, muy justificado, por cierto, pero pretender transformar este deseo en una obligación de todos sería una locura.
La exigencia de que se respete lo mío, en realidad es un acto de violencia hacia los que no comparten conmigo mis propias valoraciones y no tiene nada que ver con una actitud mesurada y pacífica, a pesar de que así parezca a primera vista. Una cosa es lo común y otra cosa es lo privado.
La misma confusión tenemos en el caso de la discusión sobre el aborto. En realidad esta discusión ni siquiera debería tener lugar, porque los que están contra el aborto no van a modificar su conducta a este respecto sea cual sea la legislación que se dicte. Como lo rechazan por principio, simplemente no van a hacer uso de esta ley.
Por lo tanto, los que están verdaderamente concernidos por el tema son los que no piensan que el aborto sea condenable por sí mismo y en toda circunstancia. Lo que nos lleva a constatar que los que se oponen al aborto están de hecho inmiscuyéndose en un asunto que en verdad no les compete, porque el resultado de la discusión no cambiará sus conductas.
Están de hecho pretendiendo que su postura individual de rechazo se haga extensiva al conjunto de la sociedad, sin importar si el resto de los ciudadanos/as está o no de acuerdo con ella. Es por lo tanto un acto de violencia, aunque se vista con los aparentemente nobles ropajes del “respeto a la vida”. También en este caso se confunde lo privado con lo público y se pone de manifiesto una impotencia para pensar lo común frente a los intereses ideológicos individuales.
Lo común es lo que atañe al conjunto de los ciudadanos sin importar sus intereses privados y sus posturas personales. El derecho a que estas últimas existan debe estar garantizado, pero eso no significa que esta garantía sea entendida como un puente hacia la instalación de ellas como norma para toda la sociedad.
Lo que nos atañe a todos es que de hecho hay miles de abortos clandestinos en Chile, que ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres que se ven obligadas a utilizar este último recurso. Lo común es que nuestra sociedad pueda enfrentar estos problemas ubicándose en un lugar neutro donde todos podamos entendernos.
Si cada cual pone delante su propia creencia personal sobre estos temas, la luz no se verá jamás.Seguiremos en una convivencia amenazada por la violencia privada, que es incapaz de aceptar la mirada del otro y que solo le concede legitimidad a lo propio. Encontrar lo común es lo difícil, pero sin ello, no será jamás posible una sociedad de unidad en la que las contradicciones que existen en su seno sean superadas.
Lo importante es que cada cual tenga el derecho a actuar según sus propias convicciones y que nadie esté sometido a vivir de acuerdo con ideas y creencias que no son las verdaderamente propias. Libertad es que cada cual pueda hacer lo suyo sin dañar la libertad de los demás.