Para quienes conocimos, en la década de los noventa, la historia fidedigna de la gestación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, no debiera extrañar que hoy, en la antesala de su revisión, sea el Parlamento quién salga a rescatar, cuál Jorge de Capadocia a la Princesa de la Cultura amenazada por el dragón, de un proyecto de ley apresurado, poco acucioso y sobretodo, ignorante de la realidad del sector que se pretende normar.
En definitiva, un texto al que le faltó justamente aquello que los diputados hicieron en 1996 y que comenzarán a ejercitar en 2013: Escuchar.
No es menor el que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados haya convocado a una sesión ampliada o audiencia pública el 29 de julio y emitido una cantidad de invitaciones a actores relevantes del sector. Fue como el despertador.
Equivale a la citación que ocho diputados de todos los partidos con representación parlamentaria hicieron a inicio de 1996 -José Antonio Viera Gallo, Isabel Allende, María Antonieta Saa, Mariana Aylwin, Ignacio Walker, Andrés Chadwick, Luis Valentín Ferrada y Alberto Cardemil- a sesiones abiertas, en la sala María Luisa Bombal del Centro Cultural Estación Mapocho, los martes de dicho año, a las ocho y media de la mañana.
Pasaron por esa gigantesca mesa redonda decenas de gestores culturales, artistas, invitados extranjeros, más de una sesión por vídeo conferencia, hasta llegar a formular -parlamentarios y “civiles”- una incierta convocatoria para el 16 de noviembre de ese año, a un Encuentro de Políticas Públicas y Legislación Cultural.
Llegaron más de 600 delegados, en su mayoría espontáneos, de todo el país que se inscribieron en un puñado de comisiones para expresar sus demandas. Lo interesante fue que los legisladores las escucharon y ese clamor llegó hasta La Moneda, desde dónde el Presidente Frei Ruiz Tagle envió a su ministro de Educación, José Pablo Arellano, para comprometer una Comisión Presidencial que recogiera y estudiara las 120 prioridades nacidas en ese particular entorno.
Esa Comisión sesionó durante todo el año 1997, en las oficinas de la División de Cultura, teniendo como anfitrión a Claudio Di Girólamo. Su trabajo -que incorporó además de parlamentarios -Gabriel Valdés, Luis Valentín Ferrada, María Antonieta Saa- a empresarios -David Gallagher, Roberto de Andraca y Mauricio Larraín- y por cierto a gestores y artistas hasta completar 17 personas. El resultado fue un articulado de ley para crear el CNCA y otro para modificar la Ley de Donaciones.
Sólo con eso avanzado, el gobierno siguiente, de Ricardo Lagos, se atrevió a mandar un proyecto de ley de institucionalidad cultural al parlamento. El terreno estaba abonado.
Qué diferente a la iniciativa reciente en la que el Gobierno Piñera confundió eficiencia con cumplimiento de plazos y presentación del proyecto con meta.
Priorizó la formalidad de su presentación por sobre confeccionar un proyecto adecuado a los tiempos y al desarrollo del sector desde 1990 a la fecha, no entendió ni profundizó el proceso creciente y simultáneo de participación e institucionalización que encabezaron coherente y sucesivamente DiGirolamo, Agustín Squella, José Weinstein y Paulina Urrutia.
Pero el error no está sólo en no advertir la línea de desarrollo en el mundo público, tampoco consideró los consistentes avances del mundo cultural en el ámbito privado: interrumpió la expansión y consolidación de corporaciones culturales privadas sin fines de lucro como el Gam, Balmaceda y Matucana.
Curiosamente para un gobierno de derecha, tuvo miedo de la gestión autónoma de estas instituciones e intentó controlarlas desde el gobierno por la vía presupuestaria, restringiendo la diversidad y cantidad de sus directores, lo contrario de lo acontecido recientemente en el Teatro Municipal de Santiago, que amplió el espectro de su máximo órgano directivo, con interesantes resultado ya a la vista.
Cabe entonces, dos cosas. Una felicitación a la Comisión de Cultura por iniciar el proceso de participación que no se hizo antes de presentar el proyecto, e iniciar la propuesta de temas que deberían estar presentes en el camino que comienza, para retomar la senda bruscamente interrumpida el 2010.
Desde luego, mejorar las condiciones de participación de la ciudadanía en el eventual Ministerio, tanto desde las regiones y de los creadores como de los pueblos originarios y las audiencias.
Desarrollar un estatuto funcionario que dignifique a quienes trabajan tanto en la DIBAM como en el CNCA.
Considerar estructuralmente la multiculturalidad de Chile en la nueva entidad.
Avanzar decididamente en la descentralización del desarrollo cultural, tanto en términos de presupuesto como de participación de personalidades regionales en las decisiones de alcance nacional.
Y, para estar a tono con lo que la sociedad está demandando, lo primero será algo tan simple como escaso hasta ahora: un par de buenos oídos para escuchar.
Así se construyó el Consejo Nacional de la Cultura y sólo así se edificará la institución que lo supere y fortalezca en sus rasgos principales, que se resumen en la ya tradicional frase: la cultura es tarea de todos, que debiera derivar en que el acceso a ella sea un derecho de todos.
Cuando ocurra, el episodio del dragón, será solo un mal recuerdo.