En el año 1998 se erradicó de la malla curricular de enseñanza media la asignatura de Educación Cívica. Hoy, diecisiete años más tarde, el Congreso está tramitando la ley para reinsertar dicha materia de forma obligatoria en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Sin embargo, este proceso, que empezó a principios de mayo, todavía no se concreta.
Reconocemos que es un gran avance el hecho de que se proclame la ley que establece la obligatoriedad de incluir un plan de formación ciudadana desde la educación parvularia hasta la media para el 2016 y, de manera más específica, la exigencia de dicha asignatura en tercero y cuarto medio para el 2017. No obstante, sigue siendo poco claro la manera en cómo se va a abordar el tema.
Es decir, si bien hay consenso sobre ciertos conceptos que todo alumno tiene que manejar para poder asumir sus deberes cívicos, no se ha puesto sobre la mesa el cómo se va a realizar el proceso de una manera reflexiva con el fin de formar ciudadanos participativos, capaces de pensar por sí mismos y no dejarse seducir fácilmente por una ideología política.
La demora en la tramitación del proyecto de ley y la poca claridad respecto al cómo se implementará el programa de formación ciudadana -siendo que es un plan que deberá ser acogido por todos los colegios a partir del próximo año-hace que la rapidez con que el gobierno pretende implementar una campaña de educación cívica a nivel nacional a partir del próximo 10 de noviembre, tenga objetivos cuestionables.
En otras palabras, si todavía no hay claridad respecto a un programa que pretende educar a todos los estudiantes de los colegios del país a partir de marzo del 2016, ¿cómo es que el Gobierno tiene claridad sobre la forma en que se educará cívicamente a la población en menos de un mes?
La implementación de una asignatura sobre educación cívica, es un tema que está siendo discutido en el Congreso desde hace varios años, sin éxito. Sin embargo, la formación ciudadana solo se convirtió en una materia urgente para el Ejecutivo dentro del contexto del cambio de la Constitución propuesta por la Presidenta hace unos días.
Las prioridades del Gobierno en cuanto a la educación cívica son dudosas considerando que van a invertir $250 millones en una campaña apresurada de “educación”, dirigida por ellos mismos, a través de los medios de comunicación, cuando lo que se debería estar haciendo es concentrar los esfuerzos en clarificar la nebulosa alrededor de cómo se llevara a cabo la inserción de la educación cívica en los colegios.
¿Cuál es la verdadera intención detrás de esta campaña tan urgente por educar cívicamente a la población? Si comparamos los esfuerzos y la inmediatez con la que se está llevando a cabo la nueva iniciativa del Gobierno, con la demora en la tramitación del proyecto de ley y la poca claridad de parte del MINEDUC sobre los lineamientos a través de los cuales esta se implementará, se puede pensar que el único objetivo de la campaña es convencer a la población de la indispensabilidad del cambio constitucional.
Una población informada, educada y crítica no se logra de la noche a la mañana. La verdadera educación cívica no se reduce a una mera incorporación de conceptos traspasados gracias a una campaña propagandística del Gobierno, sino que se refiere a una toma de conciencia sobre el impacto que tienen las acciones de cada individuo en la sociedad y la responsabilidad que significa vivir en un sistema democrático.
La complejidad de este proceso es algo que se logra a través del tiempo, gracias a la incorporación de conocimientos perdurables y a la reflexión sobre estos, los cuales forman personas críticas que a la larga puedan hacer cambios basados en la comprensión profunda del sistema en el que se encuentran inmersos.
Este proceso cognitivo y social no se logra a través de una campaña mediática, sino que es el resultado de años de una educación fundamentada en lineamientos sólidos y planificados.