Sus orígenes remontan al concepto del Estado social, que fue introducido por el intelectual conservador Lorenz von Stein, como una manera de evitar la revolución social, en parte debido a las revueltas campesinas del siglo XIX en Alemania.
Sus antecedentes más remotos se encuentran en la monarquía ilustrada prusiana del siglo XVIII. A partir de Federico II el Grande de Prusia –el monarca filósofo- se estableció que el Estado debía ser considerado el protector natural de las clases pobres.
El concepto ha evolucionado sobre todo en la posguerra. Es parte sustantiva de la tradición política alemana, de la cual ha sido heredera la democracia cristiana internacional.
Pero hay diferencias, y el asunto tiene al menos dos vertientes.
Desde un punto de vista conservador, los beneficios del Estado de Bienestar son dobles: por un lado, la generación de consenso social para que el sistema funcione eficientemente.Por otro, la creación de valores que fundan la existencia y estabilidad de las relación sociales.
El Estado de Bienestar según los conservadores se funda en la ayuda a los menos privilegiados. Solo si les sirve para adquirir la disciplina que les permitiría conseguir los estándares morales del llamado fin común.
Desde la perspectiva de la socialdemocracia, la principal valoración corresponde a un avance reformista -paulatino pero seguro- hacia una sociedad igualitaria.
El Estado de Bienestar asegura la profundización de la democracia a través del reconocimiento de los sindicatos, organizaciones sociales y comunitarias. También incorpora a las minorías sociales marginadas, en la toma de decisiones gubernamentales.
Y lo más crucial, es capaz de incorporar a las variadas formas de decisiones públicas, los principios de justicia social, dignidad humana y participación ciudadana.
Los debates del socialismo moderno han girado en torno a la idea de que la democracia representativa debe ser enriquecida o profundizada con otros mecanismos democráticos.
En Chile significa recuperar el mecanismo de la democracia directa, que Chile conoció históricamente como Plebiscito. La Dictadura Militar lo utilizó cuatro veces en el lapso de 12 años. Los dos primeros bajo la fórmula de una Consulta Nacional.
Los dos posteriores amparados en la actual constitución. Posteriormente, el bi-nominalismo imperante la volvió un derecho inútil y en parte por ello, es justo concentrar todas las culpas en la clase política.
¿Por qué ignorar las corrientes y prácticas vinculadas a la llamada democracia deliberativa que se trabaja en los foros internacionales? Sobre todo frente a problemas complejos que involucran a varios actores. El caso del tema medioambiental es paradigmático.
En la misma línea, la iniciativa ciudadana que obliga a sus representantes legislar sobre determinada materia, otorga sentido a una política que requiere también de ciudadanos activos para dinamizarse.
Así como los economistas sostienen que lograr regulaciones adecuadas es tan importante como liberar los mercados, un sector público eficaz es tan importante como un sector privado eficiente.
El Estado europeo actual responde a dos imperativos “la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y la preservación de bienes públicos”. Esto es lo que ha mostrado hasta ahora la crisis europea. La complejidad de mantener estos imperativos ante un capitalismo global “salvaje”.
Pero el verdadero cambio de paradigma democrático en Chile está en el propio concepto de ciudadanía, la que debe entenderse como un valor que implica derechos, tal como lo sugiere Rawls.
No es un Estado protector de los débiles, como lo quería Federico II.
La idea es un Estado de Servicios, que los provee en cuanto asegura el cumplimiento de los derechos ciudadanos establecidos por la carta constitucional común.
Los ciudadanos que tienen derechos son fuertes y al dejar de ser débiles no requieren protección del Estado, sino múltiples oportunidades de realización entre las cuales escoger libremente. De algo así ha de tratarse el “Estado de Bienestar”.