Desde hace dos años, en Chile disponemos de una herramienta muy útil para la participación ciudadana, que es la llamada Ley de Transparencia.
La misma obliga a los entes públicos a tener en sus sitios web determinada información siempre disponible (transparencia activa), además de entregar de manera personalizada toda la información que les sea solicitada por cualquier persona (transparencia pasiva), salvo excepciones expresadas en la ley.
Los beneficios que ofrece para la participación ciudadana son varios como para enumerarlos, pero basta recordar el dicho “saber es poder”, para que cada uno deduzca la importancia de tener acceso a la información pública para interactuar con los órganos del Estado con el fin de incidir en su gestión y en las decisiones que ellos toman.
Sin dudar de los beneficios de que exista esta la ley, también se debe considerar en su análisis que el cumplimiento del espíritu y la letra de la misma pueden ser buscados o evitados, según lo que llamamos “la voluntad política” de hacerlo.
Un caso real y concreto de un intento de acceder a la información y de participar en la gestión pública ha sido el que han realizado la Alianza Afrochilena y Corporación Participa, en relación con la definición del cuestionario que se aplicará en el censo de población y vivienda del próximo año, tarea que compete al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dependiente del Ministerio de Economía.
Nuestras agrupaciones ciudadanas han querido conocer el proceso y tomar parte en las instancias de decisión para que se incluya una pregunta que permita identificar en Chile a los afrodescendientes, demanda que justifiqué en una columna anterior, por lo que no lo trataré ahora.
Lo que quiero es llamar la atención con respecto a la frustración que puede generar en la ciudadanía percibir cómo se le cierran espacios de información y de participación, aún teniendo el favor de la ley, cuando no existe la voluntad (o la capacidad) de las autoridades —o de quienes ejercen la función pública— de posibilitarla.
El intento de las organizaciones afro descendientes por tomar parte en las deliberaciones sobre el Censo 2012 viene desde el año 2005, y desde inicios del año pasado con una intensidad que se expresa en múltiples acciones: en la realización y tabulación de una prueba piloto sobre un cuestionario pre censal con preguntas sobre los afro descendientes, cuyos resultados se entregaron al INE; en la elaboración de dos documentos que justifican la petición de incluirlos en el Censo 2012, que también fueron entregados al INE; en conseguir que el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile hayan enviado sendos oficios al Presidente de la República para que instruya al INE sobre la inclusión de la pregunta en el próximo censo; en el envío de apoyos de organismos internacionales, de las iglesias, etc., a esta iniciativa.
Todo este esfuerzo ha sido acompañado de la petición al INE de incluir a representantes de los afro descendientes en las deliberaciones para decidir el cuestionario censal y numerosas cartas e intentos de reunirse con ministros y otras autoridades que influyen en esta decisión, para ser recibidos y poder transmitirles su apremio por ser incluidos en el censo.
En todo este tiempo, los afro descendientes no han tenido ni un solo espacio de participación, donde hayan podido trabajar con los encargados de elaborar la cédula censal el tema que les interesa. Si bien han sido recibidos en algunas ocasiones, fue en espacios formales y no de trabajo.
Más aún, la información que se ha podido tener sobre el proceso de la elaboración de la cédula censal ha tenido que ser sacada a tirones mediante el recurso a la ley de acceso a la información, cosa que ha llegado tarde, mal y nunca (literalmente hablando).
Además hay que agregar la escasa información sobre el proceso de preparación del Censo 2012 que se encuentra por transparencia activa, en la web del organismo.
La información oficial que entregó el INE el año pasado y que se publicó en su sitio web decía que en julio de 2011 estaría definida la cédula censal.
Hasta ahora no ha sido posible conocer ningún informe oficial sobre las pruebas pre-censales ni tampoco saber la decisión del organismo sobre la inclusión de los afro descendientes en el Censo 2012.
Caso lamentable de falta de información y de participación en un organismo público, hacia una ciudadanía activa e interesada en tomar parte en los asuntos que le afectan.
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