El relato de la detención del Secretario General de la Federación de Estudiantes de Concepción, Recaredo Gálvez, que circula profusamente por las redes virtuales del país, llama a una poderosa inquietud y obliga a las autoridades del Gobierno a un esclarecimiento claro y profundo de los hechos y a dar respuesta por las responsabilidades que caben en ellos especialmente al cuerpo de Carabineros de la Región del Bío-Bío.
Las fuerzas policiales ingresaron al Campus universitario. Durante la refriega policial, el dirigente estudiantil fue detenido por Fuerzas Especiales y trasladado a un cuartel de prisión preventiva con el cargo de “homicidio frustrado”.
La víctima, por el contrario, señala haber sido introducido en un bus policial y haber sido golpeado hasta quedar inconsciente.
Al ser ingresado a un recinto de salud para un examen de rigor los propios médicos habrían increpado a los custodios policiales por el estado evidente de los golpes. Otro médico, aparentemente policial habría re-examinado al dirigente estudiantil, recetándole anti-inflamatorios y finalmente conducido a un recinto policial, esposado, detenido y acusado de un delito grave.
En dicho recinto, y de manera poco habitual, se habría pretendido obtener una suerte de declaración auto-inculpatoria.
Hasta aquí los hechos conocidos. Lo cierto es que de manera muy preocupante este relato se parece demasiado a situaciones que los dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos conocimos a plenitud en la década de los años 80, bajo la dictadura militar, y particularmente con motivo de las “protestas nacionales”.
Decenas de personas eran detenidas en manifestaciones públicas, brutalmente golpeadas por Fuerzas Especiales en los buses, conducidos a recintos policiales y mantenidos en detención preventiva hasta por cinco días y a total arbitrio de la autoridad. Se supone que hechos de esta naturaleza no pueden, ni deben volver a ocurrir.
Entonces, corresponde al Gobierno (nacional y regional) brindar explicaciones claras y contundentes.
Corresponde que Carabineros haga lo mismo.
Y que el Poder Judicial actúe de manera autónoma y se sancionen los hechos de modo ejemplar.
Si la sociedad deja pasar este caso y se atiende sólo a los argumentos de quienes ejercen la fuerza policial y el Gobierno blinda o atenúa el impacto de estos hechos, estaríamos ante una realidad represiva de las movilizaciones sociales que sólo podrá generar situaciones impredecibles de violencia social e institucional.
El caso de Recaredo Gálvez es paradigmático y es urgente que las instituciones del Estado tomen posición, principalmente, para resguardar a plenitud los Derechos Civiles y Políticos de quienes se manifiestan de modo pacífico en nuestras plazas y calles.
Las medidas de represión dictatorial son parte del pasado. El país marcó severamente un Nunca Más.
Las fuerzas policiales y las autoridades que emiten órdenes deben tomar en cuenta esta nueva realidad.