Expectación por el posible cambio de gabinete, como si eso sirviera para solucionar los problemas estructurales que tiene nuestro sistema político, económico y social. Los nombres que lleguen nada cambiarán. El país para desarrollarse democráticamente y con justicia social, requiere reformas profundas.
Mientras tanto, preocupados de la cosmética política, no nos damos cuenta que seguimos retrocediendo, al continuar la privatización del agua potable: hoy el gobierno privatizó Essbio y Esval.
El agua es vida.
Por eso el capital privado extranjero ve el agua como un negocio apetecible.
Más aún, el agua potable es esencial para la vida humana, por lo mismo, el acceso equitativo a ella es un derecho. Así como proteger el medioambiente y los recursos hídricos de la contaminación es fundamental para un desarrollo humano y sustentable.
El agua es un recurso escaso y, nuestra sociedad, debiera plantearse seriamente quien debiera controlar el agua.
¿Por qué, este servicio público, debe ser un gran negocio para capitales extranjeros?
El Gobierno recaudó 564 millones de dólares con la privatización de Esval y Essbío vendiéndosela al fondo canadiense Ontario Teachers, que ya poseía el 69,77% de Esval y el 50,87% de Essbío. Mientras que Aguas Andinas que ya había sido privatizada en un 95% pertenece al grupo franco belga Suez. Solo falta terminar la privatización de Essal, también controlada por el grupo Suez.
El Gobierno ocultando que estas privatizaciones sean ideológicas y que están en su programa de gobierno, las explica como necesarias para fortalecer otras empresas públicas.
Antes de las privatizaciones, el Estado mantenía los siguientes porcentajes de propiedad en las sanitarias: Aguas Andinas 34,98%, Esval 29,43% y Essbío 43,44%. En Essal, es dueño del 45,46%.
Estos porcentajes los dejó el gobierno de Frei Ruiz-Tagle quien inició estas privatizaciones, vendiendo la mayor parte de la propiedad del agua potable, luego, la complementó el gobierno de Lagos Escobar al derogar la ley que obligaba al Estado a mantener esos porcentajes de la propiedad del agua potable por ser un recurso estratégico.
Ahora el gobierno de Sebastián Piñera completa la privatización, quedándose con solo 5%.
Estos capitales extranjeros buscan inversiones seguras con ganancias seguras.
En Chile las sanitarias tienen ganancias garantizadas por ley, desde un 6% hasta un 12%, sin embargo, a pesar de lo usurero de estos porcentajes, las empresas no respetan la ley. El año 2008 cobraron 17% y, el 2009 18% de utilidades, superando hasta en tres veces las ganancias garantizadas en la ley.
Con este abuso, las familias han pagado unos $ 5.000 de más por este ex servicio público.
Tantos abusos contra los ciudadanos han generado la incredulidad de éstos en los distintos poderes, dominados por las élites, y ha desembocado en la crisis de representatividad que tenemos.