Un intenso debate sobre “lo público” se despliega en nuestro país hace algunos años. Un cuestionamiento que abarca tanto el uso de los recursos “de todos los chilenos”, así como el actuar de los individuos a quienes les concierne decidir sobre estos recursos, sean representantes electos por votación popular o bien funcionarios públicos.
Por esto, resulta evidente que no da lo mismo que exista una comuna –me refiero a Ñuñoa- donde se han destinado 15 mil millones de pesos de las arcas municipales a la construcción de un edificio que aún no entra en funcionamiento y que, más aún, su futuro es totalmente incierto.
La mal llamada “Clínica de Ñuñoa” es un proyecto mal concebido desde su origen hace siete años. Una inversión de tal envergadura es insostenible para un municipio y, por consiguiente, la solución más cómoda es licitar al sector privado, que es la idea original del renunciado Alcalde Pedro Sabat. Y es ahí donde surge motivo del reparo mayor.
¿Es concebible que un municipio gaste tal cantidad de dinero en construir un recinto para que, finalmente, éste se licite a un privado que lucrará con la salud de la comunidad? Mi respuesta es no.
El también llamado “elefante blanco de Ñuñoa”, incluso sin estar operativo, requiere anualmente de más de mil millones de pesos para su mantención. Por esta razón hoy se pone en duda el traslado del servicio de Urgencia Comunal más el Cesfam Salvador Bustos a los dos primeros pisos del edificio. La situación se agrava si pensamos en la gran crisis económica en que dejó Pedro Sabat al Municipio, y que operar estos servicios costaría cuatro veces más de su costo actual.
El déficit en las arcas municipales tiene de manos atadas al actual Alcalde Andrés Zarhi, quien en la sesión de Concejo Municipal del pasado martes 12 de enero, propuso licitar la administración de este recinto, considerando pedir un trato preferencial para los habitantes de la comuna, como parte de las bases de adjudicación. Es una salida desesperada e inconcebible. No es posible apoyar el lucro a costa de la comunidad de Ñuñoa, pues los fondos públicos deben utilizarse para beneficio de sus habitantes.
Es urgente explorar otras alternativas, como reevaluar con el ministerio de Salud la incorporación del edificio a la red del Servicio Metropolitano Oriente, algo que se intentó durante el Gobierno de Sebastián Piñera, pero que fue rechazado por el entonces titular del Minsal, Sergio Mañalich. Sería una muy buena opción para descomprimir la gran demanda que tiene hoy el Hospital del Salvador, donde se atiende una parte importante de población ñuñoína usuaria de la red pública de salud.
El convenio con universidades públicas y acreditadas es otra posibilidad, aportando a la formación de especialistas y beneficiando, al mismo tiempo, a la comunidad de Ñuñoa al abrir una opción para contar con más de estos profesionales. Cualquiera sea la solución, porque pueden haber otras, es imprescindible que sea discutida por los concejales, que son los representantes electos por la comunidad. La salida no puede significar la pérdida de la inversión ya realizada, teniendo que pagar los vecinos y vecinas el costo de una irracional decisión.