Las movilizaciones estudiantiles del 2011 repusieron en el debate nacional a la educación como un tema central de la discusión, por su importancia en la superación de la desigualdad. Los jóvenes advirtieron, con razón, que allí se generan buena parte de las diferencias que explican la enorme inequidad que afecta a nuestra sociedad.
Su consigna de educación gratuita, de calidad y el fin del lucro en algunas instituciones caló hondo y se transformó en un eje central de la campaña presidencial pasada. La Presidenta Bachelet y los parlamentarios que asumimos el 11 de marzo de 2014 tenemos como mandato principal de los ciudadanos concretar ese anhelo, expresado en el programa de gobierno y votado por la inmensa mayoría de los chilenos.
La aprobación ayer de la denominada ley corta de gratuidad, que perfecciona lo ya hecho en el presupuesto -y que fue eliminado por el Tribunal Constitucional, a instancia de diputados de derecha- es un primer paso sustantivo para el cumplimiento de ese compromiso en la educación superior. Más allá de todos los problemas e imperfecciones que pudo haber en la gestación hay acá un rotundo cambio de enfoque en lo que el país había venido haciendo por décadas.
El 2016 unos 220 mil alumnos de enseñanza básica y media ya no tendrán copago. A ello se suman otros casi 180.000 de la educación superior. Vale decir, serán 400.000 familias que ya no pagarán por la educación de sus hijos. Lo anterior, sin perjuicio de mantener las restantes ayudas estudiantiles existentes que favorecen a otros estudiantes.
Se acaba la visión de la educación como un bien de consumo que el Estado, a través de crédito y ocasionalmente de becas, ayuda a comprar.
Volvemos a la idea tradicional de la educación como un derecho social universal al que todos los niños y jóvenes chilenos tienen derecho, sin importar los ingresos de sus padres.Es, sin duda, una gran noticia para celebrar y terminar el año 2015.