Hace algunas semanas me sorprendí al ver el reportaje de Chilevisión sobre los abusos sexuales y maltrato infantil en un hogar de menores en Coyhaique, región de Aysén, hechos que habrían ocurrido hace más de seis años pero que aun no tienen condenados. Al tiempo después, es la revista el Sábado de El Mercurio la encargada de desenmarañar aun más este intrincado caso policial, que deja al desnudo lo permeable que están los niños que viven en hogares de menores en nuestro país.
El trabajo periodístico realizado por estos medios daba cuenta de una realidad terrible, de maltratos realizados por aquellos que debían resguardar y cuidar de los niños, y más grave aún, de abusos sexuales por parte de religiosos que estaban ligados de una u otra manera al hogar Villa San Luis.
Mi primera reacción fue preguntarme ¿por qué no hay culpables? ¿Por qué no se ha hecho nada en 6 años? Buscando respuestas, me comuniqué con el fiscal regional Pedro Salgado, quien me puso al tanto de la investigación que se estaba realizando.
Luego me reuní con el fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para solicitarle que se adopten todas las medidas del caso para realizar una investigación rigurosa y pormenorizada a las eventuales víctimas y los eventuales abusadores. También me confirmó que se designará a un segundo fiscal para reforzar la investigación en este caso.
No pasó mucho tiempo para que se destapara otro terrible caso de maltrato infantil y de paso, dejara al descubierto ciertas irregularidades y una mala fiscalización por parte del Sename en un hogar que estaba a su cargo. Ahora fue el turno para que Megavisión nos mostrara la realidad de “La Posada del Niño”, centro que albergaba a cerca de 70 menores en riesgo social que estaban literalmente dejados a su suerte, con guardadores que no se preocupaban de ellos y los agredían constantemente.
Pero, ¿vamos a tener que esperar que salgan este tipo de reportajes para hacer algo por los niños más vulnerables de nuestro país? En estos casos ni siquiera estamos hablando de niños o jóvenes que sean delincuentes, sino de niños que no pueden estar en sus casas porque sus padres son alcohólicos, drogadictos o simplemente los maltratan.
Sin embargo, para ningún gobierno, ni los anteriores, ni el actual, ha sido prioridad el tema de la protección de los niños. El año 2006 presenté un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exámenes sicológicos a profesionales y personal de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), que realice sus funciones directamente con menores. Este proyecto está actualmente en tramitación, pero sin la urgencia del ejecutivo pueden pasar años antes que se transforme en ley.
Aquí es necesario que Sename realice una mejor fiscalización en sus centros de menores y se tomen medidas más efectivas de elegir a las personas que trabajarán en sus hogares, como los exámenes psicológicos antes nombrados. No se ha hecho una reforma importante, de fondo, para que los niños en riesgo social que están a cargo de los hogares del Sename no estén expuestos a este tipo de situaciones.
Se hace indispensable la existencia de una Defensoría del Niño, que abogue por los derechos de la infancia frente a casos tan terribles como los nombrados con anterioridad. Creo que una instancia como ésta, que existe en otros países con excelentes resultados, también ayudará a crear conciencia en la sociedad sobre los derechos de los menores.
Si se han dado a conocer estos hechos en dos hogares dependientes del Sename, es muy lógico pensar que en alguno de los otros cientos de hogares que existen suceden situaciones similares.
Esperemos que este gobierno se la juegue por los niños, especialmente por aquellos que están en riesgo social y que ni siquiera tienen una casa con un ambiente familiar tranquilo y armonioso para poder vivir.