Lo peor que le podría ocurrir a una sociedad frente a la por todos deseada probidad en los diferentes sectores y ámbitos, es que se practique el juego del empate o se use como expediente el equívoco argumento moral de que “dado que lo hace el otro, importa poco o nada que lo haga yo”.
Sin embargo, algo aún peor, es una suerte de maniqueísmo farisaico, según el cual, se piensa y proclama que lo que uno representa y hace, es lo puro, incólume y siempre comprensible, mientras que el otro o los otros, esos sí representan lo decadente, lo corrompido y lo incomprensible.
Tarde o temprano, los hechos, los porfiados hechos, se convierten en un depredador boomerang político y moral. Creo que algo de esto le ha pasado los últimos años a la derecha política chilena.
Seguramente muchos recordarán uno de los roles preferentes que asumió este sector durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, para lo cual contó con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación.
Se trató de una estrategia de denuncia de corrupción “urbi et orbi” que, según la entonces oposición, estaba instalada en el aparato del Estado y en el servicio público. ¿Cuántos litros de tinta y horas de TV y radio fueron usados para titulares y anuncios insidiosos o definitivamente injuriosos?
¿Cuántas declaraciones de los parlamentarios de la Alianza por Chile se pueden revisar, claramente irresponsables y motivadas por un mero afán de figuración?
¿Cuántos reportajes periodísticos sesgados, unilaterales o definitivamente sustentados en ignorancias legales o con desconocimiento de la real dimensión de los hechos?
Por cierto, hubo hechos indiscutiblemente censurables y dignos de ser sancionados, para lo cual la justicia ya ha dicho su palabra. Sin embargo, a la luz de la información que hoy día se maneja al respecto, existe una distancia SIDERAL entre, por un lado, todo lo que se denunció como actos de corrupción y robo (palabra que se usó con una soltura inaudita), más los nombres de personas que se pusieron en el tapete y acerca de las cuales se hicieron todo tipo de cobardes insinuaciones y, por otro lado, lo que definidamente se ha ido concluyendo en los procedimientos legales después de largos meses y años de investigación.
Por supuesto, los mismos medios de comunicación y parlamentarios de derecha que fueron los “mosqueteros contra la corrupción pública”, nada han dicho y aclarado sobre la inocencia de las personas y/o la dimensión real del problema en tal o cual institución, previamente estigmatizadas por ellos.
Aquí hay otra distancia brutal, y esta sí con inequívocas implicancias éticas, entre el uso ligero del escándalo y la denuncia destemplada para lograr una mayor venta publicitaria y/o figuración política, y la altura y coraje moral para clarificar y difundir, EN IGUAL PROPORCIÓN, la verdad de lo ocurrido o establecido en las respectivas investigaciones procesales.
Ahora bien, frente a los hechos que el país ha conocido estos últimos meses, unos producto de la gestión de gobierno, otros correspondientes a grupos económicos que representan lo que ellos defienden como el inmaculado sector privado, y acerca de los cuales sí existen ya evidencias y pronunciamientos graves por parte de las instancias pertinentes, la racionalidad subyacente y la actitud de muchos parlamentarios y medios de comunicación de derecha, ha sido francamente patética.
Antes, era todo el aparato del Estado que estaba penetrado por la corrupción; ahora, son casos aislados y puntuales de personas que han actuado mal y, lo que más se lamenta, han desvirtuado “las bondades del sistema”.
Antes, eran los operadores políticos que distorsionaban y abusaban de la función pública; ahora simplemente se trata de funcionarios nuevos que están pagando el costo del aprendizaje.
Antes, toda denuncia tenía que ver, necesariamente, con actos de corrupción y falta de probidad; ahora se trata de problemas meramente procedimentales y administrativos.
Antes, era la ineficiencia propia del sector público que quedaba de manifiesto en las irresponsables faltas de control y fiscalización; ahora, se trata solamente de errores técnico-humanos provocados por un par de auditores y clasificadoras de riesgo de las empresas, que midieron en momentos diferentes y “no alcanzaron a percibir el error”.
Antes, la Concertación no quería que se investigaran las denuncias; ahora, “con toda razón por cierto”, se suspenden las reuniones de las Comisiones Investigadoras y no se escucha a algún Superintendente, porque un par de parlamentarios de la derecha “tienen horarios comprometidos”.
En fin, antes, a algunos altos funcionarios de gobierno que iban a las Comisiones Investigadoras, caso que me correspondió observar personalmente, se les pedía previo al inicio de la sesión, que jurarán solemnemente y de pie que dirían la verdad y nada más que la verdad (en un procedimiento, por supuesto absolutamente inusual); ahora, ¿se ha hecho lo mismo con los Superintendentes y con los otros altos funcionarios de los Ministerios que han tenido Comisiones Investigadoras?
Sobre este tema y estas preguntas, y con mucha humildad, la derecha política tiene que reflexionar y responder.