En la misma semana que el gobierno decide extender la eliminación del 7% de cotización en salud a los pensionados del pilar solidario, recurre al Tribunal Constitucional para cuestionar el postnatal aprobado por la mayoría opositora en el senado.
Bien por los viejos y mal por los niños.
Esto no puede implicar, como han señalado algunas voces, que en vez de gastar en adultos mayores deberían concentrarse los recursos en la infancia, de modo de evitar que éstos recorran el camino pedregoso de sus padres y abuelos. Esa es una falsa disyuntiva.
Las desigualdades que afectan a la sociedad chilena requieren un doble compromiso nacional simultáneo: reparatorio para quienes ya han recorrido un largo e irreparable trecho de sus vidas, y promocional para quienes inician sus pasos en ella.
En el primer caso, se trata de reparar a quienes, al llegar a su vejez, enfrentan condiciones precarias que no son otra cosa que el resultado de sus biografías, de sus trayectorias educacionales y laborales.
En el segundo caso, se trata de crear las mayores oportunidades a todos los niños desde su nacimiento, de modo que no sea su origen social, el tipo de familia en que nace o se cría, el nivel educacional y el trabajo de sus padres, los que determinen sus desenlaces en la vida.
Sobre el mecanismo de reparación, la medida más adecuada es aumentar directamente las pensiones y no, como hace este gobierno, desnudando al sistema de salud de la cotización que ahora dejarán de pagar 700 mil pensionados. Y, por supuesto, junto con el aumento de las pensiones, tener un fondo de salud solidario que la derecha negó en la reforma de salud en gobiernos pasados. Estos mecanismos son los que utilizan los países más cohesionados para destinar recursos a la tercera edad.
Aún así, y por discutible que sea la fórmula escogida por este gobierno, bienvenida sea desde la perspectiva de los derechos en la vejez.
Pero lo que se hace con una mano, se deshace con la otra. Si como sociedad estamos dispuestos a reparar la trayectoria de desigualdad que se manifiesta en las vidas de los viejos, ¿por qué no actuar para evitar ese desenlace y atacar el problema en el origen, desde el nacimiento?
¿Por qué razón no se avanza y profundiza la política de protección de la infancia?
¿Por qué la iniciativa del gobierno se limita a aumentar algunas semanas del postnatal para acompañar hasta seis meses a los recién nacidos (pero sólo a una parte de todos los que nacen), si al término de este plazo esos niños quedan sin protección, pues no se legisla por el acceso a salas cunas y jardines infantiles para los hijos de todas las mujeres que trabajan?
¿Por qué razón esperar a que la presión social sea insostenible para avanzar en una equitativa educación de calidad?
¿Por qué dilatar más tiempo las reformas urgentes en un sistema educacional que ya ha castigado a varias generaciones de estudiantes?
Proteger a la infancia y a la adolescencia -que es el camino para evitar una vejez desprotegida- es la mejor de las inversiones que una sociedad puede hacer por su futuro, desde el presente.
Según se constata en diversos estudios internacionales, Chile tiene, proporcionalmente, una destinación de recursos hacia la vejez comparable a la de países desarrollados, pero menos de la mitad de la que éstos destinan a la infancia. En esos mismos países, en que existe una proporción similar del financiamiento destinado a niños y viejos, la desigualdad es considerablemente inferior a la que experimentamos en nuestra sociedad.
Y este sinsentido tiene una explicación bien simple. Con un padrón electoral envejecido en que una parte considerable de los votantes son adultos mayores, la causa de la vejez gana adeptos, más que por consideraciones de justicia social y desarrollo inclusivo, por estrictas razones electorales.
Capaz que las cosas cambiarían si se otorgara el derecho a voto desde recién nacido.