La hermosa ciudad de Valdivia que forma parte de la Región de Los Ríos, enfrenta grandes desafíos para su centro histórico, atacado desde hace años por la especulación inmobiliaria que intenta impedir el desarrollo sustentable para beneficio propio, y además, por gravísimos incendios que afectaron añosas construcciones, galerías y tiendas de reconocido prestigio local.
El desafío es reconstruir y repotenciar el centro de la ciudad, eliminar los sitios eriazos, recuperar los edificios abandonados (como el de la ex-tienda Ripley) en la calle Picarte con Walter Schmidt y mejorar la vialidad existente, la que no resiste el crecimiento de las zonas pobladas en el sector de Isla Teja y camino a Niebla, donde los tacos vehiculares se han hecho insoportables.
Ahora bien, una muestra de lo anterior es lo que ha sucedido con el mall Plaza de Los Ríos, localizado en pleno centro de esa ciudad, situado en la calle Arauco entre las vías Beauchef y W. Schmidt, ello en razón a que se ha venido desarrollando en los años poco a poco, con graves vulneraciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y con la extraña obsecuencia, ¿cómplice pasivo? de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Valdivia.
Hace pocas semanas atrás, exactamente el 8 y el 9 de octubre, estuvimos en dicha ciudad con el arquitecto Mauricio Zulueta, profesional muy conocedor de los marcos regulatorios urbanísticos, y ambos pudimos comprobar irregularidades tan grandes como la construcción de conexiones subterráneas y a nivel de calle, en terrenos que le pertenecen al municipio con simples autorizaciones (sic) del ex alcalde Bernardo Berger, hoy día, flamante diputado por esa región.
Como consecuencia de nuestras reuniones con la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones y con el Seremi de Vivienda y Urbanismo constatamos que existe una construcción terminada y no ocupada de más de 6.000 m2 de una torre de oficinas, sin que el titular del mall haya declarado en la DOM dicha superficie ni el destino, burlándose con ello la determinación de la efectiva carga de ocupación del edificio, así como los requerimientos de estacionamientos asociados a tal destino. Derivado de lo anterior en la actualidad no existe recepción final y por lo tanto es difícil cerciorarse si el edificio cumple con la normativa fijada en la OGUC.
Pero como si ello fuera poco, además, hoy se construye en dicho mall una ampliación de los espacios arrendables, cuyo permiso de edificación fue otorgado con infracción de la normativa, por cuanto, a pesar de saberlo muy bien la DOM, no consultó con la Seremi de Transportes si para tal ampliación era o no necesaria la revisión u obtención de un nuevo Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (ESTU), teniendo presente además que las medidas de mitigación aprobadas en el EISTU original para dicho edificio, jamás han sido cumplidas con el consiguiente desagrado de las autoridades competentes de mayor rango.
Sin embargo, como el bienestar de los habitantes de la ciudad debe estar por sobre los intereses particulares, el pasado 21 de octubre, el Consejo Regional (CORE) de Los Ríos, aprobó fondos por 4.500 millones de pesos, para concretar el proyecto de conexión entre calles Anibal Pinto y Walter Schmidt, el que dará viabilidad a la construcción del Puente Los Pelúes, solución necesaria y anhelada por todos los valdivianos.
Y como la ciudad está por sobre los particulares, esta nueva calle obligará a la eliminación de la conexión ilegal de superficie y subterránea entre el Mall Plaza de Los Ríos y el supermercado adyacente, además de imposibilitar el uso de los andenes de carga de la segunda tienda ancla de dicho centro comercial.
Aparte de los desaguisados del mall, no se entiende como la municipalidad otorgó un permiso para la construcción de un edificio en altura sobre el pasaje Los Temos, en la Isla Teja, vulnerando la normativa de la OGUC que establece una altura máxima de 2 pisos más mansarda sobre los pasajes.
De haber prosperado la ilegalidad, no solo los vecinos que residen actualmente en dicho pasaje serían los perjudicados, sino que también los futuros ocupantes del edificio que se construiría, quienes pasarían a ser víctimas inocentes del actuar negligente de la DOM.
Afortunadamente y debido a la denuncia formal de la comunidad organizada, el Seremi de Vivienda y Urbanismo supo reaccionar a tiempo y ya le ha dicho oficialmente al díscolo funcionario municipal que debe invalidar ese permiso.
Esperamos que la DOM de Valdivia, quien ya fue requerido por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, y a instancias nuestras, por la sede regional de la Contraloría General de la República, con cuya titular también nos entrevistamos, ejerza el rol que le corresponde y no dilate en declarar la ilegalidad de los permisos de edificación mal otorgados.
Los lectores de esta columna ya saben que estamos en contra de la tradicional política chilensis de los hechos consumados y en tal sentido esperamos que el actual alcalde Omar Sabat exija a sus funcionarios un alto estándar de probidad en el ejercicio de sus cargos para que así siempre se cumplan los marcos regulatorios, tal como él justificadamente le está reclamando al MOP sobre el inicuo error de ingeniería cometido por los “profesionales” privados y públicos que intervinieron en el proyecto del puente basculante CauCau.