El país sigue con consternación los avatares del paro de trabajadores y trabajadoras del Registro Civil, precisamente en momentos en que se debate el Proyecto de Ley que moderniza las Relaciones Laborales.
Una vez más, una crisis resulta una excelente oportunidad para ampliar las perspectivas de análisis. Si hasta ahora se ha puesto énfasis en supuestos impactos negativos que tendría avanzar en la reforma laboral, la situación que vive el Registro Civil obliga a cambiar el foco y analizar las consecuencias de seguir demorando la mínima puesta al día en materia de derechos laborales.
El paro mencionado pone al descubierto qué es lo que sucede cuando no existe regulación para el ejercicio del derecho de huelga. Al no haber canales de expresión, el sistema se desborda. En las últimas décadas, no ha habido voluntad de ningún gobierno de ingresar al Parlamento un proyecto de ley que consagre los derechos colectivos de los funcionarios públicos, por ende, no existen mecanismos institucionales para administrar los conflictos en el sector.
Quienes a partir de lo que ocurre en el Registro Civil reivindican la opción del reemplazo en huelga, caen en un oportunismo que en nada ayuda, a la vez que incurren en el error de mezclar situaciones del sector privado con las del sector público.
Es evidente que el paro perjudica fuertemente a la ciudadanía. Sin embargo, para resguardarla de daños mayores existen los turnos éticos.
Vulnerar derechos laborales nunca será buen camino para la resolución de conflictos de esta naturaleza que, por el contrario, requieren más y mejor diálogo, más y mejor gestión política, y una legislación laboral a la altura de un país democrático en el siglo XXI.