Para variar, la derecha sigue con la del bandido.
Durante la discusión del Presupuesto 2016 destinado por el gobierno para implementar el proceso constituyente, tanto la UDI como Renovación Nacional intentaron sabotear uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet: crear una nueva Constitución.
Mediante una fallida indicación propusieron asignar mil pesos a las actividades propuestas por la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaria General de Gobierno (Segegob). Se trata de cerca de 2.600 millones de pesos para folletería, monitores, estudios metodológicos para recolectar opinión de ciudadanos, difusión, plan de medios y el funcionamiento del Consejo Ciudadano.
Según ellos, la primera etapa de información y educación cívica “no da garantías de imparcialidad y transparencia”. Dicen, con total desparpajo, que es “adoctrinamiento político ideológico”. Incluso, el senador Coloma fue más allá y acusó a la Presidencia Bachelet de “instalar un gen cancerígeno” en la discusión.
Otra línea de argumentación para oponerse a aprobar los recursos fue que Chile tiene mucha necesidades que podrían suplirse con los ítems destinados a la información del proceso constituyente.
Sin embargo, la derecha no posee calidad moral para sacar al pizarrón democrático, porque tiene un kilométrico tejado de vidrio.
En primer lugar, son autores intelectuales de la redacción de la Carta Magna neoliberal de 1980 y de su blanqueamiento mediante un fraudulento plebiscito liderado públicamente por el dictador Pinochet y con Jaime Guzmán desde las sombras.
La Comisión Ortúzar, los 12 elegidos para elaborar la principal carta de navegación del neoliberalismo, operó desde 1973 a 1978 con millonarios gastos reservados y liderada formalmente por el abogado y ex ministro de justicia de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar
La Comisión de Estudios para la Nueva Constitución fue creada por los cuatro generales y se relacionó formalmente con el gobierno a través del ministerio de Justicia, nominó a sus integrantes, creó subcomisiones y nombró asesores.
Como usó gastos reservados, hasta ahora sabemos muy poco de cuánto desembolsó el Estado y de dónde provinieron todos los recursos. Quizás, como punta de iceberg, sabemos que hay dos glosas presupuestarias que se refieren a ella.
La primera es en la partida del ministerio de Justicia del año 1975, donde se incluyen “Eº 5.000.000 (Escudos) para los gastos que demande la Comisión de Reforma Constitucional para 1975″.
En la partida de Justicia de la ley de presupuesto de 1976, se anota dentro del ítem de Servicios Generales una glosa que “incluye la suma necesaria para los gastos que demande la comisión de Reforma Constitucional para 1976 …” Es decir, una glosa “cheque en blanco”.
Respecto del financiamiento de la labor desarrollada por el Consejo de Estado y la Junta Militar (los otros dos actores de crear el laberinto neoliberal) no hay datos en las leyes de presupuesto.
Ahora, la derecha, en plena discusión presupuestaria, vuelve a llenarse la boca con principios y conceptos que jamás respetaron ni ejercieron durante la dictadura: transparencia, garantías de igualdad, tolerancia y buen uso de los recursos.
La derecha olvida que la Comisión Ortuzar refundó el orden constitucional bajo un feroz terrorismo de Estado, profunda crisis económica, sin Congreso y sin libertad de prensa.
Es cierto cuando se dice que la Constitución del 80 tiene dos papás: RN y la UDI. Y también es cierto que harán todo lo que esté a su alcance para impedir su inminente colapso institucional, aquel que los borrará de la ilegítima hegemonía.
A su vez, los grandes empresarios, los súper ricos de Chile, se van quedando sin herramientas legales e ilegales para dominar la política. Casos como Penta y Corpesca develan como fortunas amasadas ilegítimamente “pusieron la música” a la interminable transición.
Pero el escenario marca un cambio de tendencia hacia un proceso cada vez más democrático. Comienzan a soplar nuevos vientos y por su parte la tierra se mueve para que todo se transforme.
Es interesante el proceso constituyente en curso, porque permitirá a miles de ciudadanos saber de qué se trata una Constitución y cómo impacta en su vida cotidiana.
Como nunca en la historia de Chile tenemos la oportunidad de que las mayorías redactemos una Carta Magna. Desde la fundación de la República siempre ha sido obra de élites.
Con la nueva Constitución debemos dejar atrás el duro paréntesis dictatorial neoliberal y retomar el ancho camino de lucha por conquistar derechos. Será el retoño democrático de Chile y debemos forjarla con la mayor cantidad de savia posible.
Debemos seguir en la lucha para conquistar un Congreso 2018-2022 que ensanche la justicia social, la soberanía y vida democrática de Chile.