Nunca está de más recordar las palabras de Andrés Bello registradas en el periódico “El Araucano” del 5 al 12 de agosto donde señala: “…nunca puede ser excesivo el celo de los gobiernos en un asunto de tanta trascendencia. Fomentar los establecimientos públicos destinados a una corta porción del pueblo no es fomentar la educación, porque no basta con formar hombres hábiles en las altas profesiones; es preciso formas ciudadanos útiles, es preciso mejorar la sociedad y esto no se puede conseguir sin abrir el campo de los adelantamientos a la parte más numerosa de ella. ¿Qué haremos con tener oradores, jurisconsultos y estadistas si la masa del pueblo vive sumergida en la noche de la ignorancia y ni puede cooperar en la parte que le toca en la marcha de los negocios ni en la riqueza, ni ganar aquel bienestar a que es acreedora la gran mayoría del Estado? No fijar la vista en los medios más a propósito para educarla sería no interesarla en la prosperidad nacional”. La misión de la educación superior entonces queda claramente expresada.
Es palpable el consenso ciudadano, debemos darnos la oportunidad histórica de transitar a un modelo de derechos, como contrapunto al actual, donde la desigualdad evidencia un riesgo progresivo a nuestra democracia. Los compromisos programáticos, en esta línea, obligan en consecuencia a cambiar el actual modelo de mercado en educación.
Para nuestro país, resulta primordial el establecimiento de un Plan de Desarrollo Nacional Sostenible (y por cierto inclusivo), en el marco de la Agenda de Desarrollo pos 2015, la cual llama a adoptar un enfoque basado en políticas integradas que promuevan el desarrollo económico y social, la paz, la seguridad, y la sostenibilidad medioambiental, dentro de los márgenes de objetivos que den respuesta a las aspiraciones de todos y todas de vivir en un mundo sin miedo y sin carencias. Se hace prioritario la contribución desde el ámbito universitario al cumplimiento de los diferentes objetivos, la generación de conocimiento y el desarrollo de competencias profesionales no pueden ser lineales.
Con relación a la reforma a la educación superior, si bien una modificación sustantiva al sistema de acreditación es la base en la asignación de recursos, esta debe ser obligatoria y vinculante para todos los centros de educación superior del país, con mayores niveles de exigencia y con solo dos opciones: acreditada o no acreditada, aquellas que no cumplan con los requisitos de acreditación no debieran matricular a nuevos estudiantes. Junto con lo anterior, tal como sucede con las pedagogías y medicina, todas las carreras relacionadas con la salud deben ser de acreditación obligatoria y de exclusividad universitaria, la salud de nuestra población exige seguridad en su cuidado.
Pero no es suficiente, cabe recordar al Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez con relación a la discusión sobre despenalización del aborto quién señaló: “No lo vamos a aplicar” “…he sido bien claro en que una cosa es la que diga la ley y otra cosa es la que a nosotros, como católicos y convencidos de esta situación, se nos vaya a obligar a hacer”, aseveró en una entrevista concedida al canal 24 Horas. “En nuestra universidad, mientras yo sea rector esto no se va a aplicar, aunque la ley lo mande”, o “Si hay profesionales que están disponibles para realizar abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares en donde esta práctica se realice y acepte. En nuestra red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo”, enfatizó esta vez en La Tercera.
Entonces cabe la duda, ¿por qué financiar entidades que por sus profundas y respetables convicciones religiosas o ideológicas obedecen a intereses distintos que los que la Nación se entrega a si misma?
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Gloria Ana Chevesich, en su momento ratificó la sentencia emitida por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acusó a la Universidad Católica de incurrir “en actos lesivos de la libertad sindical”. Además, los despidos del sacerdote jesuita Jorge Costadoat, como del profesor Patricio Miranda pone en entredicho la libertad de cátedra en esta universidad, se esgrimen “razones de la empresa”.
Por eso que el requisito de democratización es tan relevante, no es un mero capricho interventor del ejecutivo, es imprescindible tener centros de educación superior que respondan exclusivamente al interés superior de la Nación, los márgenes del proyecto educativo no pueden ser designados más que por el amplio acuerdo de sus distintos actores.
Es hora de asumir la tarea de contar con educación superior, que contribuya a un desarrollo sostenible, que democratice los saberes pero, sobre todo, que sean protagonista en reconfigurar un país que exige cambios de fondo.