Que no nos quepa ninguna duda, estamos en una fase de politización activa de la demanda boliviana, donde el componente comunicacional se hace cada vez más evidente. Las pruebas más concretas son las recientes incorporaciones de tres ex presidentes bolivianos que al parecer, se sumarán para apoyar en la difusión internacional de la demanda boliviana. Se trata de los ex mandatarios Guido Vildoso, Jaime Paz y Jorge Quiroga, quienes se sumarán al equipo encabezado por el agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Eduardo Rodríguez Veltzé y del ex presidente Carlos Mesa, quien hasta el momento es el encargado de difundir la demanda internacionalmente.
Estos hechos ocurrieron cuando hace sólo semanas hubo una mediatizada visita del Papa Francisco a Bolivia, en la cual, el Presidente Morales intentó desde un comienzo involucrar al Sumo Pontífice como un eventual apoyo a su demanda marítima.
El Papa buscó ser particularmente cauteloso con sus declaraciones, al manifestar que apoyaba el diálogo entre las partes, pero que cualquier comentario en tanto Jefe de Estado, podría interpretarse como una intromisión. Sin embargo, para el mandatario boliviano existía la convicción de que el Papa apoyaba la demanda marítima. Seamos claros, que algún mandatario o alto representante de un Estado salude la decisión de las partes por dialogar una controversia a través de medios pacíficos, no significa que se esté apoyando la postura de una de las partes en litigio.
Un país como Bolivia debería tener clara esta última situación. Basta con recordar dos hechos relativamente recientes para graficarlo. En marzo del 2012, Bolivia anunció que el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos “había apoyado la causa marítima boliviana como un problema histórico que debía resolverse”. La Cancillería colombiana tuvo que salir a precisar que en aquella ocasión, el Presidente Santos le había manifestado a Morales que ese era un tema bilateral, el cual debía ser abordado a través del diálogo y de manera pacífica.
En junio del 2012, el mandatario boliviano hizo una visita “de cortesía” al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka. Pero lo que debía ser un hecho totalmente habitual, (ya que la Corte recibe con la presencia de los Jueces a un Jefe de Estado cuando éste se encuentra de visita oficial en Holanda), se utilizó como un hecho mediático en Bolivia: Morales había asegurado que fue una “extensa” visita, en la que el Presidente de la Corte escuchó con atención el reclamo marítimo, y que incluso, Tomka le habría sugerido el camino a seguir para plantear la demanda marítima. Al igual que como ocurrió en el caso colombiano, la Corte emitió un comunicado oficial aclarando que se trató de una “corta” visita, meramente formal y enmarcada en los aspectos generales del trabajo de la Corte.
A diferencia de los casos anteriores, el Vaticano ha optado por la cautela, y hasta el momento no ha requerido precisar los dichos del Papa Francisco, ya que al parecer, el Sumo Pontífice fue lo suficientemente claro del respeto que tiene ante un proceso que se litiga en un tribunal internacional.
Pese a todo lo anterior, la ofensiva comunicacional en el país altiplánico sigue activa, ya que el Presidente Morales al leer una carta en la que el Sumo Pontífice le agradecía la hospitalidad recibida en Bolivia, según Morales, el Papa “estaba convencido” del reclamo marítimo, y que estaría “al servicio de Bolivia para lo que pueda ser de utilidad”.
A la luz de estos hechos, parece más cierta que nunca la propuesta que habíamos planteado en una columna anterior publicada durante el mes de mayo, en la que advertimos que de lo jurídico a lo político, sólo nos separaba un paso.
Ante ello, se insiste en la necesidad de que nuestra Cancillería tome un rol acorde a los hechos descritos, y que de ser necesario, emplace al Vaticano para aclarar la postura de la Santa Sede. En la política, todos sabemos que tanto las palabras como su omisión, tienen un significado.