A pesar de poseer una importancia prioritaria en materia de prevención y resolutividad, la salud primaria arrastra también importantes falencias que, o son resueltas con recursos propios de los municipios o, sencillamente, se agravan en el tiempo sin solución alguna. Consecuentemente, los problemas gestados en este nivel se proyectan e impactan en el sistema secundario de salud, uno de cuyos principales síntomas es la existencia de largas listas de espera.
La semana última, el Senado aprobó un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones laborales de un importante grupo de trabajadores del sistema primario, lo que constituye un avance y una mejora para los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en los centros de salud municipales, muchas veces con contratos precarios o calificados en categorías inferiores a las que amerita la titulación técnica de nivel superior que poseen.
Sin embargo, el proyecto no dispone de recursos adicionales para aquellas funciones dedicadas a la atención de salud propiamente tal.
Si la preocupación principal del Gobierno apunta a resolver las necesidades de las personas, resulta razonable que los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo, además de resolver las reivindicaciones legítimas de los trabajadores, también permitan que los municipios puedan contratar más especialistas, más enfermeras y más técnicos de nivel superior.
Ahora que se habla de reorientar la agenda y los compromisos del Gobierno, los esfuerzos en salud deberían, necesariamente, orientarse a reducir las listas de espera tanto de consultas médicas como de intervenciones quirúrgicas, que generan malestar e incertidumbre entre miles de pacientes a lo largo de todo el país.
Sólo en la Región de Los Lagos, hay 59.937 personas en lista de espera por una consulta médica y 14.200 pacientes esperando por una intervención quirúrgica.
Si el realismo evidencia la dificultad de construir todos los hospitales comprometidos, al menos no renunciemos a la idea de disminuir sustancialmente las listas de espera en los centros de salud del país, y resolver así un problema concreto y urgente de una parte importante de la población.
La atención primaria puede ayudar a reducir la lista de espera de especialistas. Sin embargo, en vez de fortalecerla, se aumenta la carga financiera de su administración, que desde hace años arrastra un fuerte déficit.
Las reivindicaciones de los funcionarios son completamente legítimas, pero su financiamiento debe ser de total responsabilidad de la autoridad central, lo que en este proyecto una vez más, no se está cumpliendo.