“Urge mayor ética en los negocios, en la política, en el mercado. Hay que hacerse cargo de la demanda social que estamos viviendo”. Esta frase forma parte de una presentación de Responsabilidad Social que he expuesto en varias instancias, explicando el Primer Plan Nacional de la materia, aprobado recientemente por el Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, que tengo el honor de presidir.
Lo que me parece una aseveración de toda lógica, no deja de provocar asombro. Pese a la agenda de probidad anunciada por la Presidenta, a la que los empresarios han reconocido que están afectados por la desconfianza ciudadana y que la palabra ética se ha reactivado en los medios de comunicación, la afirmación causa sorpresa. Pero sí, la ética puede fortalecerse desde la Responsabilidad Social. Con medidas concretas que pueden marcar cambios con efectos importantes para la estabilidad comercial y la economía nacional.
El Código de Pago Oportuno, que firmamos esta semana con representantes de los gremios empresariales más importantes del país (CPC, CNC, Sonami, Sofofa, CChC, Abif, CCS, Asociación de Supermercados, Unapyme, Conapyme, Asof, Propyme y Asexma) apunta justamente a cambiar la cultura de pago atrasado a una cultura de pago oportuno a los proveedores.
La tradicional demanda de las pequeñas empresas hacia las grandes, tiene ahora un compromiso público, un avance que será medido en 5 meses. El efecto de mejorar los tiempos de pago contribuye directamente a la liquidez de los empresarios pequeños, apoya esta economía que necesitamos diversificar, pero también significa progresar en la confianza y la ética; mejorar los estándares que necesitamos elevar si queremos seguir en la senda del desarrollo.
El trabajo que hemos realizado con el código refleja el nuevo foco que desde el Consejo y desde el ministerio de Economía, queremos darle a la Responsabilidad Social. Porque la RS es una oportunidad, puede convertirse en una herramienta para afianzar buenas prácticas, mejorar la relación con las comunidades, el medio ambiente, los trabajadores, la integración de género y la no discriminación; el cuidado de la cadena productiva, los consumidores y los proveedores.
Ya es tiempo. Cada día más las decisiones de consumo pasan por el comportamiento de las empresas. Y el desarrollo sostenible es la definición de cómo queremos evolucionar, de un acuerdo internacional suscrito por los países de la ONU.
El Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible es público privado: nuestra labor debe ser en conjunto. El Gobierno tiene su rol y el sector privado, también. Así lo entiende este grupo y después de un año de trabajo, tenemos el Primer Plan 2015-2018, que contiene 17 medidas concretas, responsables, presupuestos y seguimiento.
Entre las metas más relevantes, surge contar con una política de desarrollo sostenible a largo plazo, capacitar en RS, integrar a las Pymes y desarrollar nuevos instrumentos como los acuerdos voluntarios de pre inversión.
Estos convenios se implementarán a través del Consejo de Producción Limpia (CPL) y permitirán a las empresas trabajar con las comunidades antes de que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Hay también varias iniciativas para aumentar la transparencia y la reportabilidad. Estamos coordinados con otros organismos del Estado que están avanzando en la misma línea, como la normativa de gobiernos corporativos de la Superintendencia de Valores y Seguros.
La mesa de pago oportuno funciona en paralelo al Consejo, pero sostiene el mismo enfoque: dialogar entre los diferentes actores, mantener la alianza público privada y trabajar con el propósito de mejorar los estándares, la ética y en buenas cuentas, aportar al país.