30 may 2015

Empleo formal, clave para la inclusión social

En 2014 Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, publicó el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2013, cuyo tema central fue “Empleo de Calidad y Territorio”.

El Informe muestra que trabajos bien remunerados, formalizados y con protección social permiten a las sociedades avanzar en seguridad y bienestar de su población, en tanto que la informalidad es un factor determinante de la pobreza y las desigualdades de ingresos en muchos países. De ahí que reducir la informalidad es un tema tan central en las políticas nacionales y también que sea importante mirar qué ocurre en Chile con aquellas personas que se encuentran trabajando, pero que no tienen contratos de trabajo o bien, no cuentan con protección social.

En Chile, entre quienes se encuentran ocupados existen muchos que aún no cotizan en el sistema de seguridad social, entendido por tal la cotización en algún sistema de salud (FONASA, Fuerzas Armadas, ISAPRES u otro) y la cotización en algún sistema de ahorro previsional (AFP). La situación es más preocupante en zonas rurales y en los quintiles más bajos, sobre todo en cuanto a sistemas de ahorro previsional. Además, según si cotizan o no hay diferencias importantes a nivel de salarios, y también se evidencian importantes diferencias en cuanto a los contratos de trabajo.

De acuerdo a los datos de CASEN 2013, existen 1.067.429 personas que a pesar de estar ocupadas no cotizan en la seguridad social, lo que corresponde a un 14.7% de los ocupados del país. Estos se distribuyen en 222.266 (3.12%) que no cotizan en ningún sistema de salud y 944.550 (13.18%) que no están afiliados a ningún sistema de ahorro previsional.

Si analizamos solo los datos respecto a zonas urbanas, tenemos que 893.651 (13.91%) no cotizan en el sistema de seguridad social, 192.685 (3.05%) corresponden solo a sistemas de salud y 784.021(12.36%) solo a AFP’s. Es decir, las zonas urbanas están bastante bien representadas en los promedios nacionales.

No ocurre lo mismo con las zonas rurales, al menos en lo que refiere a participación en el sistema previsional: un 20.81% de los ocupados rurales no participan de la seguridad social (173.778 ocupados), donde 29.581 (3.63%) no lo hacen en ningún sistema de salud, lo cual es bastante cercano al promedio nacional, y 19.53% no cotiza en ningún sistema de ahorro previsional. Si en el campo es menor el acceso a sistemas de ahorro previsional, entonces es de esperar una vejez más precaria que la de las personas en zonas urbanas.

Ahora bien, al analizar la relación entre nivel socioeconómico de la población y formalidad laboral, medida a través de su participación en los sistemas de seguridad social, observamos que a mayor nivel de ingreso mayor formalidad, con brechas más pronunciadas en lo que corresponde a participación en el sistema previsional que en materia de afiliación algún sistema de salud.

Mientras que 24.49% de los ocupados del primer quintil de ingreso no cotiza en el sistema previsional, sólo un 8.24% de los ocupados del quinto quintil, no lo hace (en el segundo un 16.46%, en el tercero un 12.25% y en el cuarto 10.76%).

El ingreso promedio de la ocupación principal también difiere según si cotizan o no los ocupados en el sistema de seguridad social. El salario promedio de aquellos que cotizan es significativamente mayor al de quienes no cotizan: $443.545 contra $257.270, es decir, quienes cotizan perciben salarios casi 2 veces mayores a quienes no lo hacen.

Esta misma relación se da en zonas urbanas (donde quienes no cotizan perciben salarios promedio de ocupación principal de $265.124 contra los $461.453 de quienes cotizan), pero se desvanece en las zonas rurales, en un contexto en que los ingresos promedio son mucho menores, tanto entre quienes cotizan ($288.110 de salario promedio de ocupación principal) como entre quienes no lo hacen ($213.623 promedio).

Este conjunto de antecedentes no hace sino reforzar el argumento que sitúa al empleo formal como el factor clave para la inclusión social, al tiempo que muestra cómo ingresos precarios e informalidad se refuerzan mutuamente, sobre todo en sectores rurales. El principal déficit es, sin duda, previsional.

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