Como habitualmente sucede en la cuenta pública de los presidentes del Gobierno, no es posible abordar todos los ámbitos propios de la marcha del país. Esta vez no ha sido la excepción. Sin embargo, en esta ocasión la Presidenta de la República ha tocado en materia social algunos aspectos que resultan relevantes a la luz de nuestros acuciantes problemas en pobreza y desigualdad.
Entre otras materias, la mandataria hizo importantes anuncios (y reconoció algunos problemas) en las áreas de salud, infraestructura, nuevos subsidios para sectores postergados (por ejemplo, subsidio para las personas que viven en zonas productoras de energía eléctrica y término de descuentos a pensionados por atención de salud).
La Presidenta anunció dos temas, vinculados entre sí, y que a nuestro juicio resultan centrales a la hora de avanzar decididamente en abordar la pobreza y la desigual distribución de oportunidades en nuestro país: en primer lugar, el término gradual de la utilización de la Ficha de Protección Social como mecanismo de asignación de beneficios estatales a partir del primer semestre del 2016; en segundo término, el abordaje de algunas áreas del bienestar con “enfoque de derechos”. Nos queremos detener en el primero, la Ficha de Protección Social (FPS).
La FPS es un instrumento que ha implicado un modo de conversación ensayado por cerca de 40 años entre el Estado y las personas afectadas que ha generado (acumulativamente) efectos subjetivos muy negativos.
Por un lado, una relación de las personas con el Estado que ha motivado desde sentimientos de frustración, inseguridad, invisibilización, hasta impotencia, persecución y desafiliación.
Asimismo, ha obrado en una dirección contraria a la promoción social, toda vez que este ejercicio ha implicado autoimágenes empobrecidas de las personas, sentimientos de devaluación social, precisamente porque el instrumento trata de reflejar aquello, donde cualquier progreso obtenido por las familias representa un aumento de puntajes y pérdida de apoyos, en circunstancias que no es muy claro que su nueva (y mejor) situación los deje en condiciones de enfrentar sus proyectos y necesidades de manera autónoma.
La buena focalización o selección, que tiene su origen en recursos siempre escasos, no es patrimonio de una sola forma de ver la realidad, y menos de un sólo tipo de instrumento; sostener lo contrario sería absurdo.
Por ello, la Fundación para la Superación de la Pobreza viene proponiendo desde hace tiempo minimizar la focalización social basada en la estrategia comprobación simple o sustitutiva y avanzar a comprobación administrativa y formas categóricas, en concordancia con lo señalado por organismos internacionales. En esta materia, el diálogo que hemos sostenido con las autoridades del ministerio de Desarrollo Social ha sido fecundo.
Pero debemos ir más allá, debemos avanzar hacia la implementación de sistemas de diálogo con los afectados, basados en cuestionarios que, lejos de exigir demostrar miseria, logren visibilizar, valorar y movilizar los propios recursos que las personas y comunidades han acumulado.
Para ello, debemos modificar el sistema de apoyos al que se accede, poniendo al centro de los esquemas de apoyo Estatal cuestiones de orden promocional y complementar con cuestiones asistenciales. También es clave que evolucionemos a esquemas de trabajo colectivo, donde el Estado favorezca la entrega de apoyos a comunidades como un todo, donde existen familias e individuos. Los anuncios en esta materia en el discurso presidencial, si bien escasos, abren una ventana de optimismo.
Este tipo de acciones debe estar disponible no sólo para la extrema pobreza, también deben ser incorporadas aquellas familias y comunidades en pobreza no extrema y sectores medio-bajos.
Actuar sobre los problemas de la clase media no es contradictorio con la superación de la pobreza, por el contrario, es fundamental para completar el proceso de resolución del problema. Lo anterior, en especial si se toma en cuenta que amplios sectores de la mal denominada clase media, viven o forman parte del fenómeno de la pobreza transitoria que han revelado los propios estudios que ha hecho el Estado a través de MIDEPLAN (actual MDS).
Por último, es necesario recalcar e insistir que la propuesta de umbrales sociales garantizados y el enfoque de derechos sociales no son contradictorios con prácticas de focalización. Sostener lo contrario es un error y no querer debatir sobre ello refleja debilidad política.
El enfoque de derechos exige que las formas de focalización no caigan en discriminaciones arbitrarias e intolerables, que las políticas no se centren en solo incrementar las “tenencias” de las personas, sino que se preocupen por que las personas puedan realmente “hacer lo que hemos acordado que todos debemos poder hacer”, es decir, educarnos de forma adecuada, vivir saludablemente, trabajar en forma y condiciones, habitar de manera digna e integrada, etc. Indudablemente, aquello no se logra abusando de la entrega bonos.