Si existe alta experiencia en los sectores dominantes del país es en superficializar todos los fenómenos importantes, haciendo parecer trascendental lo secundario. Así, se estimula toda herramienta que pueda apoyar los procesos de desideologización consciente al mismo tiempo que se fomenta el comportamiento anómico con el fin de estabilizar permanentemente el statu quo, es decir, seguir como se está aunque dando la impresión que hay cambios importantes.
Por ello, es preciso detenerse para evaluar dos aspectos básicos: el poder que ejercen las marchas en los gobiernos y, a su vez, qué significa no poseer una organización política que las respalde.
En el primer caso, es legítimo y conveniente expresar las reivindicaciones de los diversos sectores en las calles. Lo importante es que se logre el objetivo perseguido tanto en el número y significación de los convocantes como en el resultado final.
La difusión en los medios y su orientación puede convertir una manifestación en algo anodino, especialmente cuando el porcentaje de tiempo dedicado a los actos vandálicos es superior inmensamente. Por este mecanismo se logra oscurecer la protesta pacífica y, más bien, hábilmente los sectores de poder las estimula pues en la medida que no cause efecto son intrascendentes o desgastantes.
Por otra parte, la inexistencia de un frente político sólido que, además de convocatoria pueda ejercer una presión evidente en la sociedad, más allá de los paros, con una movilización en los más diversos puntos del país, reflejando la unidad de principios y la inclaudicable lucha por derechos inalienables, es un potente símbolo. No obstante, en Chile no existe ningún partido u organización de este calibre, por tanto, el bipartidismo aún sigue sin contendor real.
Ante quienes consideran las marchas fundamentales hay que analizar dos aspectos: uno, el impacto efectivo para lograr cambios estructurales y no meras reformas de quinto orden, especialmente atendidas aquellas que no graviten en el espectro político o económico. Dos, la viabilidad de continuarlas en conjunto con medidas de presión que impliquen un poder que genere debilidad a los sectores hegemónicos vigentes.
La conclusión es que en la medida que el descontento, la crítica, l@s quejosos, l@s indecisos, junto a aquellos que poseen conciencia clara de lo que ocurre, logre unirse solidariamente en una organización consistente como cuarta fuerza existirá la posibilidad de obtener lo que siempre se ha planteado: que los derechos sean constitucionalmente erigidos y no la garantía del “acceso”, lo que significa claramente modelarlos para la desigualdad.
Así, con dicha fortaleza, nunca más se regalará el dinero de todos los chilenos a Johnsons-$55.000.000,000-donde quien lo hizo y el dinero, desapareció del espectro judicial.