Durante los últimos días hemos sido testigos de dos anuncios, que en alguna medida se encuentran vinculados al desarrollo regional. Me refiero a la transformación del Ministerio de Bienes Nacionales en el Ministerio del Territorio, y a la creación de un Fondo de Inversión y Reconversión Social, anunciado el pasado miércoles por los ministros de Hacienda y Minería.
Aunque éstos han pasado inadvertidos en medio de la fiebre futbolera, las demandas por la calidad de la educación y la baja de popularidad del gobierno, para quienes creemos decididamente en la necesidad de avanzar en la implementación de políticas territoriales, cabe detenerse un momento en las implicancias de lo anunciado.
El propósito del nuevo ministerio será, según lo señalado conjuntamente por el Presidente de la República y la Ministra de Bienes Nacionales, “que las decisiones que se aplican sobre el territorio se tomen de una manera integrada, armónica y sustentable”.
Por su parte, gracias al nuevo fondo, las regiones dispondrán de un total de 400 millones de dólares por año (y 100 millones más para las regiones mineras de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Aysén) hasta el 2014.
Llama la atención la total ausencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) en ambas iniciativas. Surge, además, la legítima duda acerca de la capacidad de gestión y ejecución de los gobiernos regionales de nuevos recursos y (posiblemente) más atribuciones, sin una política explícita de fortalecimiento vinculada a estas iniciativas.
Cabe preguntarse también por el modelo de descentralización y desarrollo territorial que tiene el gobierno y que se encuentra a la base de estas medidas.
Vamos por parte. Tradicionalmente las regiones se han relacionado con el gobierno central a través de la SUBDERE, institución pública encargada de velar por el adecuado proceso de inversión regional, de proponer medidas tendientes a profundizar la descentralización, y de coordinar la acción pública sectorial en los territorios, entre otras materias.
¿Significan estos anuncios que parte de estas funciones dejarán de estar radicadas en esta Subsecretaría y pasarán a radicar en Bienes Nacionales/Territorio o Minería?
¿Qué pasó con el poder político que la opinión pública solía atribuirle a dicha repartición en el manejo de la “chequera”?
Pero más allá de los problemas de institucionalidad, coordinación y peso político simbólico de uno u otro ministerio, lo verdaderamente preocupante para efectos de los resultados sobre el desarrollo regional es el contenido de los anuncios.
La creación del Ministerio del Territorio viene a resolver un problema del Ministerio de Bienes Nacionales, cual es ser un resabio colonial y carecer de una función específica que justifique su existencia en los tiempos que corren. Pero si efectivamente, como se anunció, su propósito es simplemente coordinar las decisiones que se toman sobre el territorio de manera tal que estas sean integradas, armónicas y sustentables, me atrevo a señalar que su existencia seguirá siendo injustificada.
Instancias y mecanismos de coordinación de la acción pública sobre los territorios ya hemos ensayado varias, con disímiles resultados. Lo importante es avanzar, progresivamente, a que las decisiones se tomen en el territorio, en lugar de que se sigan “aplicando sobre el territorio”, como propone la Ministra.
¿Y qué hay de los mayores recursos para las regiones provenientes de la minería?
Sabemos que el problema no es de cantidad de recursos, sino de la calidad del proceso de decisión y ejecución del gasto.
Ya en el pasado hemos sido testigos de iniciativas tendientes a incrementar los recursos de decisión regional, como ocurrió con los fondos para regiones en compensación al mayor gasto para Santiago, que resultaba de la puesta en marcha del Transantiago.
Recursos que obligaron a movilizar a los equipos técnicos de la SUBDERE y los gobiernos regionales para asegurar el gasto. El gasto por gasto. Con las mismas atribuciones, mismo poder de decisión e igual mecanismo de elección indirecta de los consejeros regionales, responsables de decidir sobre el uso de esos recursos.
Esta reflexión me lleva al último tema de esta columna: el de la propuesta de descentralización del gobierno.
No creo que necesariamente un gobierno deba tener propuestas en todas las materias. Por el contrario, parece mucho más responsable apostar a un número acotado de reformas para un período de gobierno de cuatro años. Pero todo cambia si se anuncia la creación de un Ministerio, en cuyo caso parece recomendable tener al menos un diagnóstico y una propuesta de política que lo acompañe.
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