No era sencillo para la Presidenta Bachelet pronunciarse sobre el controvertido caso de su hijo Sebastián Dávalos, debido a la comprensible tensión entre su condición de madre y su responsabilidad como Jefa de Estado. Pero todo el país esperaba que lo hiciera al reanudar sus labores en La Moneda.Hizo bien, entonces, al leer una declaración y responder algunas preguntas de los periodistas.
Partió por reconocer que había vivido “momentos difíciles y dolorosos”, y trató de puntualizar los principios con los que desea que se asocie su gestión: “como Presidenta, mi compromiso primero que nada es con el anhelo de las grandes mayorías de vivir en un país donde no existan privilegios, en que las oportunidades estén disponibles para todos por igual, y que la ley la respetemos todos”.
Es positivo que lo diga en un momento en el que es dominante la impresión de que en Chile siguen campeando los privilegios, no hay igualdad de oportunidades y la ley no es respetada por todos. Hay que valorar también que haya dicho que su propósito es “continuar avanzando en crear un marco institucional que sea capaz de regular de manera eficaz las relaciones público-privadas, y también entre política y negocios”.
Sin embargo, la pista se ha puesto muy pesada. La encuesta Cadem N° 58 dejó de manifiesto que se acentuó la desaprobación mayoritaria a la gestión de la mandataria y su gabinete, tendencia que lleva varios meses, pero además quedó en evidencia un severo daño al capital político-moral de la Presidenta. Se ha erosionado la confianza que ella ha inspirado a la mayoría de los chilenos por largo tiempo. Y ese capital no es fácil recuperarlo.
Ya era suficientemente complicada la tarea del gobierno, pero lo ocurrido dificultará aún más las cosas. Sería un error creer que con la salida de Dávalos de La Moneda y la declaración presidencial el asunto quedó resuelto. No es así. Hay una investigación en curso y seguramente Dávalos y su esposa serán llamados a declarar. Nadie puede dar seguridades sobre los antecedentes que puedan salir a la luz sobre la operación especulativa de la empresa Caval. Como corresponde, al gobierno solo le cabe colaborar con la acción de la justicia.
Es esencial que el Ministerio Público cumpla con su obligación de perseguir la responsabilidad de quienes hayan cometido delitos. De parte del Ejecutivo no puede haber ninguna señal equívoca al respecto. La ley debe valer efectivamente para todos. Los ciudadanos observan críticamente todo lo que está ocurriendo y tienden a recelar de cualquier actitud ambivalente.
Existe un clima tóxico a raíz de los diversos casos en que queda en evidencia la relación turbia entre el dinero y la política, expresada sobre todo en el financiamiento de las campañas, a lo que se agregan los casos en que se vuelven confusos los límites entre el interés público y el interés privado. Hay que mejorar la ley de transparencia, hacer más estrictos los controles en el aparato estatal, elevar la capacidad fiscalizadora de la Contraloría, combatir el tráfico de influencias, en fin, llevar adelante una ofensiva en gran escala por la probidad. A la cabeza de ello deben estar las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.
Es cierto que, comparativamente, la situación de Chile en materia de corrupción es mejor que la de otros países de la región, pero no es un gran consuelo ya que en esos países la corrupción ha alcanzado dimensiones escalofriantes. No estamos inmunizados respecto de esa enfermedad. Y hay signos inquietantes en diversos ámbitos, en particular en ese espacio intermedio en el que se interrelacionan los intereses públicos con los privados. ¿Un ejemplo? Los nexos entre los municipios y las empresas dedicadas al negocio de la basura.
Frente al reto de bregar por el sentido ético en la sociedad, se requiere que todas las fuerzas políticas actúen con espíritu republicano y eviten la compulsión partidista de sacar ventaja por aquí o por allá. Los ciudadanos tienen mala opinión de los políticos en general, por lo que todos los partidos deben disponerse a actuar en conjunto para mejorar nuestra vida cívica: ello exige no ser indulgentes con los inescrupulosos, cualquiera que sea su filiación. De otro modo, se degradarán las instituciones.
El gobierno debe identificarse con la lucha por la probidad y reforzar los sistemas de control en todas las reparticiones públicas. A la vez, debe tomar la iniciativa para poner al día los instrumentos legales destinados a asegurar la corrección de procedimientos. Hay que combatir las irregularidades dondequiera que se produzcan.
Siempre es deseable que los gobiernos no tengan delirios de grandeza: aquí y ahora es un imperativo. La Moneda está obligada a definir una agenda realista, con prioridades que correspondan al estado de situación. No puede olvidar las duras lecciones dejadas por la tramitación de la reforma tributaria y la reforma escolar. No tiene espacio para cometer errores como los del año pasado. Hay que cuidar la gobernabilidad, generar un clima de confianza, alentar el diálogo y los grandes acuerdos.