En un Estado de Derecho las instituciones cambian cuando la legislación así lo establece,pero la democracia agrega otro factor: cuando la ciudadanía ya no soporta el Estado de Derecho que la propia legislación ha impuesto.
Eso es lo que ocurre en Chile con normas vigentes de la época de la dictadura.
Después de innumerables intentos frustrados por parte de los gobiernos de la Concertación de reformar la constitución y la ley para terminar con el sistema electoral binominal mayoritario e incorporar formas modernas de participación institucional de la ciudadanía y la tenaz oposición de la derecha que nunca las aceptó, la ciudadanía simplemente se aleja, a través del rechazo y de la desafección, y castiga a las coaliciones políticas incapaces de concordar un cambio institucional que iguale a Chile a los estándares democráticos internacionales.
Todos debieran advertir lo preocupante de una situación donde un gobierno que ganó las elecciones presidenciales, tan solo hace poco más de un año, con un 53%, hoy gobierne con un apoyo de solo el 31% y con un rechazo del 60% de la población y que tanto la Alianza gobernante como la Concertación opositora tengan altísimos niveles de rechazo y una aprobación que disminuye crecientemente, tal como ocurre con el prestigio del parlamento y de otras instituciones.
Chile representa una de las pocas transiciones políticas que en el mundo, después de 20 años de democracia, que no ha logrado modificar la esencia de la Constitución heredada de la dictadura.
Nadie imagina a España, Portugal o Grecia gobernada por un marco constitucional establecido por Franco, Salazar o los coroneles. Pero es esto lo que aún ocurre en Chile.
Vivimos bajo una Constitución que nació sin legitimidad, impuesta por Pinochet, los militares, y los ideólogos civiles que los acompañaron, para mantener atada la democracia a formas excluyentes y neo autoritarias que han limitado, en lo político, en lo económico y en lo social, los derechos de los ciudadanos.
Ello paraliza el sistema político, otorga al mercado un peso incontrolable en la vida de la sociedad y de las personas y transforma en letra muerta muchas de las modificaciones que en estos años se lograron concretar por parte de los gobiernos democráticos.
Los ejemplos abundan. El sistema político, basado en el sistema electoral binominal mayoritario, crea un parlamento excluyente, empatado, sin competencia y pluralismo real, donde la soberanía popular es arbitrariamente modificada por los equilibrios de poder y de estabilidad que diseñó la dictadura.
A ello se agrega un sistema de reemplazo de los parlamentarios que permite que personas que nunca compitieron ante los electores y que tienen una baja representatividad, sean hoy senadores y diputados.
El sustento mínimo de una democracia liberal que es elegir a los representantes, en Chile es burlado de manera ignominiosa y, con ello, se arrebata al ciudadano, la única cuota de decisión política que una democracia mínima, electiva, debe consagrar para ser considerada como tal. Podemos decir, parafraseando a Bobbio, que en Chile no siempre se cuentan las cabezas.
Pero ello no solo ocurre en el plano político. En educación, una ley que impide el lucro en la Educación Superior es burlada de mil maneras por los empresarios que han transformado a la educación en un gigantesco negocio.
En lo financiero, el caso de La Polar es simplemente la expresión más grotesca de un sistema económico donde un grupo empresarial se colisiona para perpetrar un enorme fraude a los ciudadanos más modestos sin que los órganos que deben fiscalizar lo hagan.
Hacer frente a este fenómeno pasa por introducir urgentes reformas de fondo en el sistema político chileno. Hay que terminar con la ley binominal mayoritaria, que en la imaginaria de la gente está consignada como autoritaria, y reemplazarla por un sistema proporcional en alguna de sus diversas acepciones o combinaciones.
Lo que hay que tener presente, entre otros fenómenos, es que vivimos en un mundo donde las Nuevas Tecnologías de la Información hacen posible una comunicación horizontal de muchos a muchos y que el viejo sistema político está conectado a un sistema donde las decisiones las toman unos pocos y las trasmiten a las elites que gobiernan en diversos ámbitos.
Hay un choque frontal entre esas realidades en un momento en que la política misma es cada vez más comunicación.
Por ello la ciudadanía tiene un poder que antes no tenía, puede comunicar entre sí, fijar encuentros, movilizar y trasmitir ideas en segundos por la red, instalar agendas y para todo ello no necesita ni a los partidos ni a los políticos.
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