Por años, la regionalización y la descentralización del país fueron temas recurrentes a la hora de debatir y reflexionar sobre el futuro de Chile y sus regiones. Por años también, estas materias quedaron relegadas a un discreto segundo plano y no lograron decantar en medidas concretas que permitieran al país ascender unos peldaños –a lo menos- en materia de desarrollo regional.
Eso hasta ahora. Desde marzo de 2014, hemos concretado avances significativos en esta materia a través de una agenda de descentralización con iniciativas legales en marcha.
Hace pocos días, en Puerto Montt, la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de Reforma Constitucional que establece la elección directa de los intendentes regionales a través de sufragio universal.
El intendente elegido cumplirá el rol de Presidente del Consejo Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional, desde donde deberá coordinar, supervigilar y fiscalizar a los servicios públicos que operen en la región. Su mandato será de 4 años y podrá reelegirse sólo una vez. Las funciones propias del Gobierno Interior y representación del Presidente en la zona recaerán en una nueva figura: el Gobernador Regional.
Esta iniciativa ha sido definida como el primer paso para lograr la descentralización efectiva del país y es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más relevantes de la agenda de descentralización establecida por el Gobierno.
Chile evoluciona así hacia la conformación de gobiernos regionales más autónomos, empoderados y capaces de enfrentar con celeridad y eficiencia las situaciones específicas de sus territorios, sin depender exclusivamente de las determinaciones adoptadas en el nivel central, que no siempre conoce las realidades locales ni actúa con la rapidez deseada.
Pero esta medida, por sí sola, no garantiza el éxito. Se requiere de un conjunto de normas legales que faciliten también una descentralización de los servicios y un traspaso de recursos desde el nivel central que otorgue espacios amplios de autonomía y decisión propia. En esa línea, la Presidenta Bachelet firmó recientemente, en Valdivia, un conjunto de indicaciones al proyecto de ley de que profundiza la regionalización del país, transfiriendo funciones y atribuciones desde ministerios y servicios a gobiernos regionales.
Además, ya en su etapa final está el proyecto que mejora las condiciones de los Consejeros Regionales, regulando el régimen bajo el cual ejercen sus funciones de una manera más objetiva, transparente y eficiente.
Y en los próximos meses, discutiremos en el Congreso la modificación del modelo de financiamiento de los gobiernos regionales y el incremento de sus recursos, apuntando a una mayor efectividad en su asignación y uso.
Todas estas buenas iniciativas requieren también la participación de la ciudadanía, exigiendo primero candidatos y candidatas de calidad –con las aptitudes y habilidades pertinentes- y, luego, votando por las mejores propuestas, de modo que ni intendencias ni gobiernos regionales se conviertan en un botín político y que, en cambio, constituyan un aporte concreto en el camino a un país más descentralizado y, por tanto, más desarrollado.